El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, se encuentra en una situación jurídica crítica. Lo que comenzó como una ola de indignación ciudadana por exhibir costosos relojes de lujo en el pleno del Congreso estatal —como un Cartier Santos Full Ice con diamantes de 380 mil pesos y un Rolex de medio millón de pesos— podría trasladarse a los tribunales. Organizaciones civiles como Ciudadanos Observando han exigido una auditoría formal, ya que el discurso de «magnate y empresario exitoso» que el diputado sostiene ante los micrófonos contradice legalmente lo que él mismo firmó bajo protesta de decir verdad en su declaración patrimonial.
De acuerdo con los registros oficiales presentados ante el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Zavala González reportó percibir cero pesos por concepto de actividades empresariales o comerciales. Su declaración patrimonial detalla que el legislador (quien además opera con primaria trunca) vive únicamente de su dieta legislativa de 36.3 mil pesos mensuales y de arrendamientos modestos que le generan 29 mil pesos al mes. Además, reportó no tener empresas, acciones o sociedades, y omitió por completo declarar las joyas y relojes de alta gama de los que presume ser dueño.
Esta discrepancia financiera sitúa al diputado en el terreno de la ilegalidad, activando de forma concurrente el régimen de responsabilidades administrativas y penales en México.
Vía Administrativa: Enriquecimiento Oculto
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) es sumamente estricta respecto a la veracidad de la información patrimonial de los funcionarios. Al haber omitido declarar sus valiosos relojes y la propiedad o participación de las empresas de transporte federal que públicamente reconoció poseer, el diputado Tomás Zavala habría incurrido en la falta administrativa grave de enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tipificada en el artículo 60 de la LGRA.
Dado que se trata de una falta grave, el caso tendría que ser turnado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado. Las consecuencias administrativas para el legislador de comprobarse el dolo en la omisión de sus activos incluyen:
- Destitución de su cargo como diputado local.
- Inhabilitación temporal para ejercer cualquier empleo o comisión en el servicio público por un periodo de 10 a 20 años, al estimarse que el valor de los bienes ocultos supera con creces el límite de las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Vía Penal: Falsedad de Declaraciones ante la Autoridad
La situación de Zavala González se agrava considerablemente en el ámbito penal. La declaración de situación patrimonial y de intereses tiene el carácter legal de un documento público rendido ante una autoridad competente bajo protesta de decir verdad.
El artículo 247, fracción I del Código Penal Federal (y su equivalente en el estado de San Luis Potosí) establece con claridad que se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien, al ser interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, faltare a la verdad. Al firmar una declaración patrimonial que oculta cuentas, activos, joyas y empresas, el diputado cometió presuntamente el delito de falsedad en declaraciones, lo que faculta a la Fiscalía General del Estado a iniciar una carpeta de investigación formal.
La implicación más severa que enfrenta el legislador es una eventual acusación por el delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 224 del Código Penal Federal. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado que este delito se configura cuando el Ministerio Público demuestra que existe una discrepancia evidente e injustificable entre los ingresos legales declarados por el funcionario y su haber patrimonial real.
En el caso de Tomás Zavala, la posesión de piezas de joyería fina que superan en valor los 1.8 millones de pesos resulta matemáticamente imposible de justificar con su ingreso reportado de arrendamientos y sueldo neto. De iniciarse un proceso penal, el diputado enfrentaría:
- Una pena de dos a catorce años de prisión, aplicable cuando el monto del enriquecimiento injustificado excede las cinco mil UMAs.
- El decomiso obligatorio en beneficio del Estado de todos los bienes cuya procedencia lícita no logre acreditar ante el juez de control, lo que implicaría la pérdida legal de sus costosos relojes Cartier y Rolex.
El proceso que tendría que venir: Verificación de Evolución Patrimonial
La Contraloría Interna del Congreso o el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) tienen la facultad legal de iniciar un procedimiento de verificación de evolución patrimonial. En este proceso administrativo, las autoridades cotejarán el estilo de vida del legislador con las bases de datos del Registro Público de la Propiedad, Catastro, el Registro de Comercio y las declaraciones fiscales.
Zavala González dispondría de un plazo de veinte días hábiles para solventar las inconsistencias y demostrar el origen de su riqueza. No obstante, el legislador se encuentra atrapado en su propia retórica: si demuestra que los relojes son suyos gracias a sus empresas de transporte, confirmará que mintió y ocultó información en su declaración patrimonial (enriquecimiento oculto y falsedad); si insiste en que su declaración de ingresos modestos es la única verdad, no tendrá forma de justificar la adquisición legal de sus lujos, configurando de manera directa el delito de enriquecimiento ilícito.
