Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés y Luis Fernando Gámez Macías, cuestionaron la viabilidad de la solicitud de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos que permisionarios del transporte urbano buscan incorporar al Presupuesto de Egresos de San Luis Potosí para 2027. Ambos legisladores plantearon revisar las necesidades del servicio, las prioridades del gasto público y las obligaciones de los concesionarios antes de considerar una asignación.
Diez representantes y permisionarios del transporte metropolitano presentaron la propuesta, entre ellos Margarito Terán López, Marco Antonio Uraga Rodríguez, vinculado con Central 2000 (Línea Morales), y José Refugio Sánchez Quintero, representante de Línea Guadalupe Siglo XXI. Los promoventes plantean destinar los recursos a renovar unidades, cubrir déficits operativos, compensar pérdidas acumuladas durante la pandemia y financiar un margen de utilidad del 15 por ciento.
Serrano Cortés sostuvo que la petición debe analizarse desde la política estatal de movilidad, y no únicamente a partir de las necesidades económicas que exponen los transportistas. También señaló que el Gobierno del Estado ya destina recursos a alternativas de traslado gratuito, como MetroRed.
El legislador consideró elevado el monto solicitado y afirmó que la propuesta debe surgir de una evaluación de la política pública que pretende desarrollar la autoridad responsable. En ese sentido, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisar las condiciones del servicio y determinar qué apoyos, en su caso, podrían justificarse para el próximo ejercicio fiscal.
Serrano también recordó que los transportistas operan mediante concesiones otorgadas por el Estado, lo que implica responsabilidades en la prestación del servicio. Aunque reconoció las obligaciones gubernamentales en materia de transporte público, insistió en que cualquier financiamiento debe responder a una estrategia integral de movilidad.
Por su parte, Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, coincidió en que la propuesta requiere una revisión cuidadosa. Señaló que el análisis debe precisar quiénes recibirían los recursos, cuáles serían las condiciones para ejercerlos y cómo contribuirían a mejorar el transporte para los usuarios.
Gámez Macías también reconoció un rezago en la renovación de camiones, pese a que la legislación estatal establece un límite de diez años de antigüedad para las unidades. Recordó que, en conversaciones previas, algunos permisionarios atribuyeron sus dificultades financieras a las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, sostuvo que esa situación no elimina las obligaciones de quienes explotan comercialmente las concesiones.
Respecto a posibles aumentos a la tarifa del transporte urbano, el diputado manifestó su rechazo a que las familias enfrenten nuevos gastos por este servicio. La tarifa general pasó de 12.50 a 13.50 pesos durante 2026.
Sobre las deficiencias que usuarios han reportado, Gámez evitó atribuir responsabilidades específicas a la SCT y pidió fortalecer la capacitación de los conductores y el cumplimiento de las normas de seguridad y renovación vehicular. También destacó a MetroRed como una alternativa gratuita, aunque señaló la importancia de mantener otras opciones de transporte para la población.
La propuesta de los permisionarios contempla 2 mil 304 millones de pesos para renovar 768 camiones, a un costo estimado de tres millones por unidad. Además, incluye 173.4 millones de pesos para el margen de utilidad del 15 por ciento, 45.9 millones para compensar déficits operativos y 274.5 millones para amortizar pérdidas acumuladas durante la pandemia.
Los promoventes sostienen que el programa busca mejorar la movilidad y beneficiar a los usuarios, sin constituir un subsidio directo e incondicionado a los concesionarios. Sin embargo, la iniciativa no establece una reducción específica de la tarifa a cambio de los recursos solicitados.
La eventual incorporación de estos recursos al presupuesto de 2027 dependerá de la revisión legislativa, la disponibilidad presupuestaria y la valoración de las autoridades estatales competentes.
