La reciente reforma al Poder Judicial falló en solucionar los problemas estructurales del sistema de justicia, ya que únicamente sustituyó a los juzgadores pero dejó intacto el rezago histórico provocado por la severa falta de recursos humanos y presupuestales, afirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera.
El legislador de Acción Nacional respaldó las quejas de los colegios de abogados que acusan un colapso operativo y reiteró que la solución no radica en el método de elección de los funcionarios, sino en una inversión económica real que permita contratar más personal para desahogar la carga de trabajo diaria.
Guajardo Barrera cuestionó los argumentos federales que justificaron la reforma bajo la premisa de combatir la corrupción penal, aclarando que en San Luis Potosí la mayor carga de demandas es familiar y civil, áreas que quedaron completamente olvidadas por la nueva reglamentación.
Al mantener las mismas carencias materiales y de personal, el congresista concluyó que el nuevo esquema es una simulación donde todo el sistema burocrático sigue siendo el mismo, lo que frena el acceso a una justicia pronta y expedita para la ciudadanía.
