La reciente elección judicial en San Luis Potosí sacó de los juzgados a varios perfiles ligados al antiguo esquema del Poder Judicial.Sin embargo, dentro del foro jurídico persisten señalamientos sobre la presencia e influencia que algunos ex jueces continúan manteniendo al interior de órganos jurisdiccionales, ahora desde el litigio privado.
Abogados y usuarios del sistema judicial han señalado particularmente a Juan Fernando Salazar Hernández y Juan Ignacio Ortega Morales, ex titulares de juzgados familiares que actualmente operan desde la firma Salazar & Ortega Firma Legal. De acuerdo con testimonios de litigantes, ambos continúan acudiendo frecuentemente a los juzgados familiares donde anteriormente ejercían funciones, realizando gestiones directas con personal judicial y sosteniendo reuniones informales dentro de las instalaciones.
Los señalamientos apuntan a que algunos ex funcionarios seguirían utilizando relaciones personales construidas durante años dentro del Poder Judicial para intervenir en trámites y asuntos jurisdiccionales. Incluso, dentro del propio foro judicial circulan versiones sobre la presunta utilización de vínculos familiares con integrantes del sistema de justicia para buscar facilidades dentro de diversos órganos.
Juan Fernando Salazar Hernández enfrentó cuestionamientos públicos durante el proceso electoral judicial de 2025, señalado públicamente por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias derivados de un proceso familiar tramitado en el entonces Juzgado Primero del Ramo Familiar.
La denuncia difundida por medios de comunicación locales, documenta acusaciones relacionadas con supuestas irregularidades procesales, congelamiento de cuentas y posibles redes de complicidad entre funcionarios y litigantes. Hasta el momento no existe información pública sobre una resolución definitiva de esos señalamientos.
A estos antecedentes se suma la denuncia pública realizada por la ciudadana Liliana Vázquez, quien acusó al entonces juez primero de lo familiar y al secretario de acuerdos de presuntamente favorecer a su expareja durante un proceso de divorcio marcado, según relató, por antecedentes de violencia psicológica, física y económica.
En un video difundido afuera de la Ciudad Judicial, Vázquez aseguró que, tras denunciar agresiones ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, comenzó una disputa legal en la que —afirmó— enfrentó actos de revictimización y resoluciones que beneficiaron a su agresor. Entre los hechos denunciados señaló que el 21 de febrero de 2025 fué desalojada de su domicilio mediante el uso de fuerza pública por orden judicial.
Durante el reciente periodo de evaluaciones judiciales realizado del 6 al 8 de mayo, litigantes también reportaron la presencia constante de algunos ex jueces familiares recorriendo los mismos juzgados donde anteriormente ejercieron funciones y promoviendo críticas contra titulares actualmente en funciones, situación que ha generado nuevas inconformidades dentro del entorno jurídico potosino.
