El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como un triunfo para la libertad de expresión la reciente derogación aprobada por el Congreso del Estado de las reformas legales conocidas como la «Ley Serrano». Sin embargo, advirtió que el retiro de la normativa no elimina los perjuicios causados a ciudadanos y medios de comunicación durante el tiempo que estuvo vigente.
El edil destacó que el propio fallo legislativo, alcanzado por unanimidad, representó un reconocimiento implícito de la equivocación cometida al aprobar un marco legal que vulneraba garantías fundamentales y derechos humanos.
Galindo Ceballos subrayó que la derogación no debe ser el punto final del proceso. A su juicio, existe una responsabilidad institucional pendiente con las personas que sufrieron las consecuencias directas de la legislación.
«Hay un reconocimiento tácito de la equivocación de publicar una ley que vulnera derechos humanos y vulnera libertad de expresión. Por esa ley hubo personas detenidas y entonces, en un ejercicio demócrata de alto nivel político, se les debería de indemnizar, ¿por qué no?», señaló el presidente municipal.
El alcalde enfatizó que la afectación rebasó a los tres comunicadores que llegaron a estar encarcelados. Detalló que al menos 13 personas más enfrentaron procesos legales, contrataron representación jurídica, promovieron amparos y vivieron periodos de alta tensión personal y profesional durante casi dos meses.
La postura del edil abarca también las repercusiones económicas y morales sufridas por empresas de comunicación y familias del estado. De acuerdo con Galindo, el marco legal actual ofrece las herramientas jurídicas necesarias para proceder con una reparación del daño.
El presidente municipal concluyó que, de haber estado en sus facultades directas, habría ordenado de inmediato la indemnización correspondiente a los afectados por lo que calificó como un intento de vulnerar la libertad de expresión en la entidad.
