La Feria Nacional Potosina (FENAPO) ha sido promovida por el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona como un evento masivo, gratuito y presuntamente sustentado en patrocinios privados. Sin embargo, detrás del discurso de autosuficiencia financiera opera un entramado comercial e institucional marcado por la venta exclusiva de productos vinculados al círculo familiar del mandatario, asignaciones directas de obras a empresas afines y un esquema sistemático de reserva de información pública.
El monopolio del consumo: Bebidas familiares e insumos cautivos
Uno de los mecanismos comerciales más evidentes dentro del recinto ferial es la imposición de marcas de bebidas alcohólicas y embotelladas a los locatarios y concesionarios de estands, bares y restaurantes.
Las marcas Ron Huasteco Potosí y Tequila Potosí son activos oficiales de la empresa Agroindustrias Ricon, S.A. de C.V.. De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la compañía pertenece en partes iguales (50% cada una) a María del Pilar Cardona Reyna y Kimberly Gallardo Cardona, madre y hermana del gobernador, mientras que la senadora Ruth González Silva, cónyuge del mandatario, figura como titular del órgano de vigilancia. La adquisición de la fórmula y el logotipo de estas marcas representó una inversión privada de $8,000,000 MXN en julio de 2022.
Para comercializar los productos en eventos públicos sin establecer un contrato directo con la empresa familiar, se utiliza una firma intermediaria: Ron Potosí de México, S. de R.L. de C.V., cuya socia mayoritaria es Nataly Almanza Cisneros, excolaboradora municipal durante la alcaldía de Ricardo Gallardo Juárez. A través de esta estructura, los comerciantes del recinto ferial son forzados a expender de manera prácticamente exclusiva Ron Potosí, Tequila Potosí, Whiskey Sámano y el producto embotellado Agua Ja.
Los precios fijados dentro del recinto registran incrementos significativos respecto al mercado comercial convencional. Por ejemplo, en las instalaciones del Palenque, una botella de Ron Potosí Añejo se ha vendido comercialmente hasta en $1,990 MXN, frente a un precio regular aproximado de $419 MXN en tiendas minoristas.
A este esquema de exclusividad de bebidas se suma el suministro del hielo. Los comerciantes del recinto ferial han reportado la obligación de adquirir el hielo a un proveedor único vinculado a la red del Ejecutivo estatal, prohibiéndose estrictamente el ingreso de insumos de distribuidores independientes bajo amenaza de sanciones, multas o la rescisión del contrato de arrendamiento del espacio.
Contratistas predilectos e infraestructura ferial
La remodelación integral del recinto ferial ejecutada en 2022 requirió una inversión pública de $120,000,000 MXN gestionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), a cargo de Isabel Leticia Vargas Tinajero. Durante el desarrollo de los trabajos de remozamiento de accesos, el Teatro del Pueblo y la construcción de sanitarios, la maquinaria y el personal operaron sin logotipos ni razones sociales visibles, respondiendo a esquemas de subcontratación.
Los encargados en el sitio identificaron al ingeniero Óscar Compeán Vázquez como el supervisor general de las obras y firmante de convenios con la Seduvop. Compeán Vázquez registra un historial de asignaciones directas con el grupo político desde las administraciones municipales de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí; en 2018, la alcaldía de Soledad le otorgó más de $15,000,000 MXN en obra pública. Constructores de la región han señalado que Compeán actúa presuntamente como intermediario para el acaparamiento de la obra pública estatal.
Por otro lado, la firma RUPA Edificaciones del Potosí, S.A. de C.V.—fundada por Rubén Leyva y Alfredo Patiño Solís, este último militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—ha captado $21,486,823 MXN a través de contratos con dependencias gubernamentales.
El 16 de diciembre de 2021, la empresa modificó su objeto social para comercializar artículos de limpieza y herramientas, obteniendo posteriormente el contrato DGA-DCO-IR-00013-22 de la Oficialía Mayor por $21,213,632 MXN para abastecer a la Secretaría de Seguridad Pública. RUPA Edificaciones comparte su domicilio fiscal en Ponciano Arriaga #514-A con la empresa Station del Potosí, S.A. de C.V., en un inmueble propiedad de la familia Gallardo Cardona.
El circuito financiero de los espectáculos: 56.3 millones en cartelera
Aunque el Ejecutivo estatal ha sostenido que la contratación de artistas no genera un impacto al presupuesto público por estar cubierta por patrocinadores privados, el Patronato pagó $56,368,350 MXN por la cartelera de 28 artistas en la edición 2022. El gasto se distribuyó entre cuatro empresas foráneas mediante 17 transferencias:
- Asesoría Conserint, S.C.: Recibió $20,744,020 MXN (36.8% del total). Esta entidad no cuenta con registro público mercantil comprobable ni historial en la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Palapa Music, S. de R.L. de C.V. (Jalisco): Captó $13,920,000 MXN por «servicios artísticos nacionales».
- Publicidad y Eventos 19, S.A. de C.V. (Nuevo León): Obtuvo $13,811,200 MXN bajo conceptos generales de «servicio de músicos».
- Producciones Equs, S.A. de C.V. (Guanajuato): Recibió $7,893,120 MXN.
Las auditorías periodísticas detectaron coincidencia en las fechas de facturación. El 15 de junio de 2022, Asesoría Conserint, S.C. emitió un comprobante por $8,000,000 MXN a las 10:15 horas; siete minutos después, a las 10:22 horas, Producciones Equs emitió una factura por $1,893,120 MXN empleando idéntica redacción en el concepto: «Abono según contrato».
Asimismo, las revisiones financieras revelaron que la Secretaría de Cultura del Estado realizó transferencias directas al Patronato entre el 18 y el 25 de marzo de 2022 por un monto global de $9,000,000 MXN bajo el concepto «Pago por envío para la organización, difusión y administración de la FENAPO», inyectando recursos del presupuesto estatal al organismo.
Cabe señalar que desde 2023 el Patronato de la Fenapo y las instituciones estatales han omitido reportar costos y gastos en el evento ferial, particularmente los relacionados a la contratación de artistas en el teatro del pueblo.
Control del Patronato y centralización del Palenque
La administración del Patronato de la FENAPO ha estado a cargo de perfiles afines al grupo político gobernante. En la primera etapa del sexenio, la presidencia fue ocupada por Luis Antonio Zamudio Martínez. Durante su gestión, la empresa Remol-kar—cuyo apoderado legal es su hijo, Luis Leopoldo Zamudio Zárate—obtuvo el contrato DGA-DCO-CO108-IR-38-25 por $699,025 MXN para el traslado de vehículos de la Guardia Civil Estatal, además de obras en los municipios de Rayón ($1,156,769 MXN) y Matehuala ($1,430,086 MXN), pese a declarar un domicilio fiscal ficticio que corresponde en realidad a la empresa Grúas y Pensiones San José, de la cual Zamudio Martínez es socio.
En enero de 2025, la presidencia del Patronato fue asumida por Fernando Rojo Ocejo, vinculado a Construcciones y Desarrollo Barfe, constructora beneficiada en el pasado con 19 contratos por $27,983,507 MXN durante la alcaldía de Ricardo Gallardo Juárez.
Bajo la gestión de Rojo Ocejo, se anunció que a partir de 2026 el Patronato asumirá la operación directa del Palenque, eliminando las concesiones a empresarios particulares. Este movimiento le permite al Patronato controlar la venta directa de boletos en línea, administrar las zonas preferenciales de las primeras filas y gestionar los espacios comerciales de alimentos e insumos internos.
Opacidad y estrategias de reserva de información
El manejo económico de la FENAPO ha sido señalado por organizaciones civiles como Ciudadanos Observando como una de las gestiones feriales con mayor opacidad contable.
Las autoridades estatales han justificado la falta de publicación de contratos de artistas, convenios de patrocinio y desgloses de egresos bajo el argumento de que las cuentas permanecen sujetas a procesos continuos de auditoría por parte de la Contraloría General del Estado. Ante las resoluciones de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que ordenaban Transparentar la información, la Seduvop promovió juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para frenar la entrega de expedientes contractuales relacionados con los $120,000,000 MXN aplicados en el recinto.
Esta reserva contable contraviene el artículo 84, fracciones L y LI de la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el cual establece la obligación legal de publicar todos los ingresos, donaciones en efectivo o especie, contrataciones de terceros y el destino final de los recursos de organismos descentralizados.
