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«Fue por orden del gobernador»: Christian Herrera denuncia tortura, montaje y persecución contra la prensa

El periodista Christian Herrera denuncia persecución y agresiones atribuidas al gobernador Ricardo Gallardo y a la PDI tras su liberación del penal de La Pila.

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El comunicador Christian Herrera, director del medio San Luis Potosí Código Rojo, rompió el silencio a través de un video difundido recientemente para denunciar públicamente que fue víctima de agresión física por parte de elementos de la Policía de Investigación.

Según su testimonio, los agentes le advirtieron que un político de Ciudad Valles y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona enviaron la golpiza.

Herrera aseguró que cuenta con pruebas contundentes en contra del mandatario estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la llamada “Ley Serrano”, las cuales dará a conocer en su debido momento.

Asimismo, el comunicador expuso el grave riesgo que enfrenta por dar a conocer esta situación, con posibilidades de que las autoridades lo vinculen a proceso y lo trasladen al penal de La Pila mediante delitos fabricados.

El periodista aseguró que no puede circular libremente debido al riesgo de que los agentes lo detengan en cualquier momento tras la siembra de objetos ilícitos en su vehículo.

Ante esta situación, hizo un llamado de auxilio al Gobierno Federal para solicitar un espacio en la conferencia «La Mañanera», con el fin de presentar sus pruebas de manera directa y denunciar los presuntos intentos de silenciar a la prensa crítica.

Finalmente, el comunicador adelantó que, con el asesoramiento y respaldo de su equipo legal, irá publicando periódicamente una serie de videos donde compartirá su testimonio completo.

Agentes de la corporación detuvieron al comunicador de Ciudad Valles el 21 de mayo de 2026 y posteriormente la autoridad lo liberó el 19 de junio de 2026, tras pasar cerca de un mes recluido en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila. La Fiscalía General del Estado le imputó formalmente el delito de usurpación de funciones públicas (así como el uso indebido de insignias o elementos similares). La acusación se sustentó en que, al solicitar y recibir denuncias ciudadanas y reportes de abusos policiales a través de sus plataformas, las autoridades interpretaron que el periodista ejercía funciones exclusivas del Ministerio Público.

No obstante, al momento de su detención, medios afines al Gobierno del Estado argumentaron a través de sus portales que la policía lo arrestó luego de que presuntamente perpetró un asalto con violencia a una farmacia, portando en su vehículo ponchallantas y sustancias ilícitas.

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