Frente a una resolución formal que demuestra el bloqueo informativo, la respuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue la descalificación y el desvío. Al ser confrontado con documentos oficiales que prueban que su administración reservó toda la información financiera sobre la contratación de Katy Perry en la Feria Nacional Potosina, el mandatario estatal optó por negar los hechos y deslindarse, remitiendo el reclamo al propio Patronato organizador.
El contraste es absoluto. En respuesta formal a la solicitud de transparencia 240479326000013, tramitada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Unidad Contable del Patronato de la Fenapo resolvió clasificar como reservada la totalidad de los contratos, convenios, comprobantes fiscales y transferencias bancarias de la presentación del pasado 25 de agosto. La resolución oficial impide de facto conocer el caché de la artista, el costo de producción o el origen de los recursos utilizados.
Sin embargo, al ser increpado sobre este ocultamiento durante un acto público, Gallardo Cardona descartó la existencia del acuerdo administrativo. «No hay nada reservado, de ningún concierto», sostuvo tajante. Cuando se le puntualizó que la negativa no era un rumor sino una resolución formal emitida por la vía institucional de transparencia, el titular del Ejecutivo estatal cambió de maniobra: evadió fijar una postura de fondo sobre la opacidad y envió a los reporteros a pedir las cuentas a la Fenapo.
La escena retrata una estrategia recurrente: desconocer la evidencia documental cuando contradice el discurso público y trasladar la carga hacia una estructura administrativa subordinada a su propio gobierno. Al negar una reserva legalmente asentada y desviar el cuestionamiento a un ente que ya dictaminó el sigilo, la administración estatal no solo elude clarificar cuánto costó el espectáculo estelar de la feria, sino que exhibe una abierta resistencia a transparentar el destino de los recursos públicos.
