El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, descalificó los reportes que señalan al Instituto Potosino del Deporte (Inpode) por el presunto desvío de 67.8 millones de pesos destinados a la difusión de la Copa Mundial FIFA 2026. A pesar de su rotunda negativa, el mandatario estatal omitió detallar la cantidad exacta que su administración desembolsó por este concepto.
La postura del Ejecutivo surge tras la difusión de diversos comprobantes fiscales vinculados a la logística y proyección de los partidos en plazas públicas. Gallardo Cardona argumentó que los datos difundidos carecen de veracidad debido a que corresponden a facturas que fueron sustituidas con posterioridad. Sin embargo, durante su intervención no presentó documentación alternativa ni fijó un monto oficial que aclare la situación financiera.
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el erario potosino solo financió las transmisiones instaladas en los municipios de Ciudad Valles, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y la capital del estado. El gobernador insistió en que el costo final no coincide con las versiones periodísticas, pero no proporcionó mayores detalles sobre los contratos firmados ni las liquidaciones efectuadas.
Respecto a la contratación de los servicios, Gallardo Cardona descartó la participación de múltiples intermediarios y sostuvo que los derechos y la operación global están a cargo de una única compañía con presencia en todo el país. Según su versión, los precios se mantuvieron estandarizados para todos los estados que se sumaron al proyecto recreativo, lo que invalidaría cualquier variación desproporcionada en el presupuesto local.
La réplica oficial se concentró en desestimar el impacto presupuestario denunciado y en apuntar a supuestas fallas en los documentos exhibidos. Con esta estrategia, la administración estatal esquivó la rendición de cuentas precisa, dejando sin resolver la incógnita sobre el impacto real en las finanzas potosinas y la identidad de las firmas comerciales que resultaron beneficiadas por estos contratos públicos.
