El Gobierno del Estado de San Luis Potosí advirtió que no permitirá la continuidad del bloqueo que personal del Hospital Central mantiene en la glorieta González Bocanegra. La administración estatal analiza las implicaciones de sostener la protesta y prevé liberar la circulación en las próximas horas, sin descartar medidas para retirar a los inconformes de la zona.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, calificó la manifestación como ilícita al señalar que el cierre vial afecta directamente a la ciudadanía. Si bien reconoció que existen demandas planteadas por el sindicato, sostuvo que el gobierno no comparte los mecanismos de presión que vulneran el libre tránsito de la población potosina.
Personal médico y de enfermería inició la movilización para exigir mejoras en sus condiciones laborales y el abasto inmediato de insumos básicos para la atención clínica. No obstante, la postura fijada por las autoridades estatales prioriza la reapertura de las vialidades circundantes sobre las peticiones operativas del nosocomio.
De acuerdo con el funcionario estatal, el subsecretario Miguel Amaro acudió al punto de la protesta para entablar diálogo con la dirigencia sindical por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Pese al acercamiento, Torres Sánchez reiteró que el cierre no puede extenderse y que se evalúan las consecuencias para quienes mantengan la vialidad tomada, sin detallar si intervendrán corporaciones de seguridad pública.
En torno a los reclamos laborales y de equipamiento, el secretario general de Gobierno afirmó que la responsabilidad administrativa, jurídica y financiera del Hospital Central corresponde en su totalidad al esquema federal IMSS-Bienestar. Torres Sánchez indicó que mantuvo comunicación con el titular estatal de dicho organismo, Daniel Acosta Díaz de León, para dar seguimiento al conflicto.
Por su parte, los trabajadores señalan que el Ejecutivo local aún conserva personal adscrito dentro del centro médico y demandan su intervención directa. Pese a estos argumentos, la administración estatal sostiene que la operación fue transferida a la federación, por lo que el conflicto por insumos y condiciones laborales permanece sin resolución mientras se exige el desalojo inmediato de la vía pública.
