Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la actual administración estatal cuenta con un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que cumple con 9 de los 10 estándares nacionales en la materia.
El funcionario aseveró que el Gobierno del Estado mantiene un compromiso firme con la libertad de prensa y la integridad de los comunicadores y sus familias, destacando que actualmente se atiende a cerca de 37 personas mediante dicho mecanismo local en coordinación con el Gobierno Federal. Torres Sánchez aseguró además que ante situaciones complejas, el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona interviene directamente en la atención.
Sin embargo, las declaraciones del secretario de Gobierno contrastan con el historial del actual sexenio como uno de los períodos más represivos e intolerantes hacia la prensa, trabajadores, empresarios y ciudadanía en general.
Muestra de esto fue la aprobación a la iniciativa del propio gobernador Ricardo Gallardo, por el Congreso del Estado en el uso de inteligencia artificial, denominada mediáticamente «Ley Serrano». Dicho marco legal derivó en la detención y encarcelamiento de tres comunicadores, así como en la judicialización de expedientes contra al menos ocho periodistas y activistas más.
Mientras el discurso oficial frente a los legisladores promueve una narrativa de apertura y resguardo, defensores de derechos humanos, colectivos y periodistas señalan que la política estatal oscila entre la persecución legal hacia las voces críticas y la retórica de un esquema de protección formal.





