El estado de San Luis Potosí se encuentra en el centro de la controversia debido a una serie de señalamientos por presunta corrupción, daños ambientales y opacidad institucional. Las investigaciones apuntan tanto a contratistas con historiales cuestionables, como la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, como a la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cuya gestión enfrenta críticas por la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y su inacción ante delitos ecológicos.
Uno de los actores principales en estas denuncias es Jaguar Ingenieros Constructores, una firma que arrastra un severo historial de irregularidades a nivel federal, y que cuenta entre sus socios con el cantante Julión Álvarez, personaje cercano al círculo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública emitió una circular en el Diario Oficial de la Federación para inhabilitar a esta corporación por un periodo de 15 meses. La sanción se originó tras comprobarse de manera oficial que la empresa falseó documentación de seguridad social del Infonavit con el objetivo de simular solvencia patronal y adjudicarse de forma ilícita contratos millonarios en el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
A pesar de este grave antecedente de fraude documental, la compañía ha continuado operando y obteniendo proyectos de infraestructura en diversas regiones del país.
Recientemente, la presencia operativa de esta constructora ha generado un fuerte conflicto social y ecológico en territorio potosino. En noviembre de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera urgente diversas obras carreteras clandestinas ubicadas al interior del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito.
Los trabajos ilegales, que destruyeron más de dos hectáreas de terreno forestal cerca del histórico Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe del Desierto, fueron atribuidos por el comisariado ejidal y colectivos ambientalistas a personal que operaba maquinaria pesada portando indumentaria de Jaguar Ingenieros.
Aunqueha omitido confirmar onegar su participación y en otras ocasiones ha alegado usurpación de identidad corporativa, los registros oficiales demuestran que meses antes, en agosto de 2026, la misma Profepa sorprendió a un supervisor de esta compañía realizando tala ilegal y cambio de uso de suelo sin permisos en el municipio potosino de Zaragoza.
El desastre ambiental en la Sierra de San Miguelito también destapó una compleja red de subcontratación y desvío de recursos que salpica a las autoridades locales. Durante las inspecciones ciudadanas, se documentó fotográficamente que la maquinaria pesada utilizada para arrasar con la zona protegida portaba logotipos del programa municipal «Vialidades Potosinas 2.0», maquinaria que fue subcontratada a otra empresa potosina y que brinda servicio al ayuntamiento capitalino.
Frente a esta crisis interinstitucional, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona optó por eludir el conflicto de manera pública, declarando desconocer los trabajos clandestinos y delegando toda la responsabilidad de la investigación a las dependencias federales, ignorando las exigencias de la sociedad civil para que el Ejecutivo estatal interviniera y sancionara los hechos.
La postura evasiva del mandatario estatal frente a la destrucción del patrimonio natural contrasta fuertemente con el dispendio y la opacidad que caracterizan a sus proyectos políticos prioritarios.
Mientras la administración ignora la vigilancia de las reservas naturales, el gobierno de Gallardo ha sido documentado redirigiendo presupuestos millonarios hacia espectáculos masivos como eje de gobernanza, destacando las constantes y costosas contrataciones del cantante Julión Álvarez para la Feria Nacional Potosina (FENAPO) y la inauguración de la Arena Potosí, una obra con reportes de millonarios sobrecostos.
El Patronato de la feria y las dependencias estatales han clasificado y negado sistemáticamente el acceso a la información sobre los tabuladores de pago, honorarios y condiciones de comercialización de estos eventos, consolidando un esquema donde la rendición de cuentas queda anulada y los recursos públicos fluyen hacia promotoras bajo una opacidad total.
