La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) emitió una alerta máxima y exigió al Gobierno Federal detener las actividades de perforación de Pemex orientadas a la búsqueda de gas y petróleo en la región. La organización civil denunció que la paraestatal renovó un permiso ante la Sedena para el uso de 190 toneladas de alto explosivo durante 2026, una acción que contradice la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien mantiene bajo revisión de un comité de expertos la viabilidad de la fracturación hidráulica (fracking).
Los trabajos de exploración y extracción, derivados del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, pretenden iniciar de manera inmediata en municipios como San Antonio, Tanlajás y Ébano, extendiéndose potencialmente a otras 14 demarcaciones de la zona. Ante esto, la CAAHP instó formalmente a los ayuntamientos locales a rechazar el resguardo y uso de explosivos solicitados por la empresa, advirtiendo que aceptar estas operaciones representa una amenaza directa contra la salud, la economía y los ecosistemas locales.
Asimismo, el organismo ciudadano conminó a los cabildos municipales a ejercer sus facultades constitucionales para negar los cambios de uso de suelo destinados a infraestructura petrolera. Recordando las luchas sociales ocurridas entre 2014 y 2018 que llevaron al expresidente López Obrador a comprometerse contra el fracking, las comunidades indígenas tének y náhuatl, junto a sectores productivos de la región, advirtieron que no otorgarán su consentimiento y convocarán a manifestaciones pacíficas en defensa del territorio y el agua.
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