El Poder Ejecutivo estatal formalizó la reestructuración de la Guardia Civil Estatal mediante la publicación de un decreto en el Periódico Oficial del Estado. El ordenamiento administrativo añade el artículo 59 Bis al reglamento interno de la corporación para dar vida legal a la División de Puestos de Atención Ciudadana, encargada de operar los dispositivos viales de control.
La nueva área policial estará subordinada a la Sección Quinta del Estado Mayor y contará con un catálogo de doce atribuciones específicas. Sus elementos tendrán la responsabilidad de aplicar ocho protocolos nacionales de actuación, entre los que destacan el de primer respondiente, el uso legítimo de la fuerza, la cadena de custodia y la detención en flagrancia.
La normativa delimita una clara separación de funciones con la actual División de Carreteras, corporación que mantendrá únicamente las facultades de tránsito, vialidad e infracciones. En contraste, la nueva división enfocará sus despliegues bajo un modelo de proximidad social y justicia cívica, apoyándose en binomios caninos para detectar el tráfico de armas, divisas y sustancias ilícitas.
El decreto, firmado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y los secretarios de Gobierno y Seguridad, determinó que el proyecto no requerirá de una partida presupuestal extra. La operación se financiará con transferencias internas de la SSPC y la Guardia Civil tendrá un plazo de 30 días para emitir los manuales operativos correspondientes.
