La creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en el estado permanece frenada y sin un plan claro de trabajo, denunciaron integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, tras sostener una reunión de seguimiento con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Manuela García Cazares.
De acuerdo con las activistas y madres buscadoras, el proyecto, que debió presentar avances para este mes de noviembre tras los compromisos asumidos durante el plantón en la Fiscalía de Derechos Humanos, continúa detenido por falta de perfil presupuestal y de infraestructura física.
«Queríamos escuchar de su propia voz qué tiene planeado y no tiene planeado nada todavía. Nos dicen que lanzaron convocatoria para agentes del Ministerio Público y policías de investigación, pero aún no hay ni un perfil para el titular«, señalaron.
Según la información proporcionada por la representación social, la puesta en marcha de la unidad especializada depende de 4.6 millones de pesos etiquetados dentro del propio presupuesto de la FGE, los cuales el Gobierno del Estado aún no ha ministrado. La fecha límite para la recepción y ejercicio de dicho recurso fiscal es el 31 de diciembre.
A la incertidumbre financiera se suma el problema de la ubicación. Aunque inicialmente las autoridades prometieron adaptar un espacio en la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos, posteriormente notificaron a las representantes de las víctimas que podría ser necesario arrendar un inmueble particular, lo que el colectivo califica como un «nuevo pretexto».
Asimismo, el colectivo expuso el estado crítico en el que opera la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en la entidad, pues la Policía de Investigación cuenta con únicamente 5 agentes asignados a la unidad en todo el estado, mientras que el Ministerio Público dispone de solo 6 agentes para atender la carga operativa estatal.
Respecto a las demás regiones, en la Zona Centro y Altiplano apenas 3 agentes del Ministerio Público tienen a su cargo el procesamiento. En las Zonas Huasteca y Media, asignaron 1 agente en Ciudad Valles y 1 en Rioverde, mientras que en Alerta Amber laboran 3 agentes del Ministerio Público.
«Solo están llevando las carpetas inmediatas donde hay detenidos, porque ahí se dan el crédito de que ganaron una. Para lo demás nos dan pretextos, que se jubilaron o que no pasaron los exámenes de confianza», recriminaron ante la falta de ministerios públicos.
Las inconformes señalaron criterios difusos para clasificar los casos como «de larga data», clasificación que, afirman, la autoridad asigna incluso a días de la desaparición para justificar el rezago.
La falta de continuidad tras los cambios en la titularidad de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas o Extraviadas, hoy a cargo de Karla Victoria García Leura, ha impactado directamente los trabajos en campo.
Las familias denunciaron que la agenda para el procesamiento y levantamiento de restos en más de 20 sitios de exterminio detectados en la entidad registra severos retrasos. En la zona de Ciudad Valles, por ejemplo, las autoridades reducen las diligencias a una visita mensual, dejando sin avanzar kilómetros de terreno positivo. Asimismo, recriminaron el incumplimiento de las reuniones semestrales e informativas por zona para la revisión de expedientes.
Ante la falta de garantías, el colectivo anunció que del 7 al 11 de diciembre sostendrán un encuentro con representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para sumar alianzas y respaldos a nivel nacional.
De no concretarse la estructura operativa y la asignación del presupuesto a inicios de año, advirtieron que emprenderán medidas de presión drásticas en la capital potosina.
«Con el apoyo de ellos y de más organizaciones, ya sea en enero o en febrero, vamos a venir a cerrar toda la carretera 57. El que avisa no traiciona», concluyeron.
