El Poder Judicial de San Luis Potosí abrió una investigación interna ante la posibilidad de que sus sistemas hayan sido víctimas de un hackeo, luego de que documentos de la institución aparecieran publicados en internet.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que aún no existe certeza sobre la forma en que fueron extraídos los archivos, por lo que el organismo analiza distintas hipótesis para esclarecer el incidente.
La postura representa un cambio respecto a las primeras declaraciones emitidas después de que se difundiera información sobre la extracción de más de 11 gigabytes de archivos de los sistemas del Poder Judicial. En ese momento, la institución descartó que se hubiera producido un hackeo y posteriormente planteó la posibilidad de que terceros hubieran filtrado la información.
Poder Judicial investigará origen de la extracción
Zarazúa Martínez explicó que, tras una nueva publicación atribuida al presunto responsable del ataque, sostuvo una reunión con el órgano de administración para definir las medidas que deberán adoptarse.
La magistrada señaló que podrían contratar una auditoría especializada y asesoría en ciberseguridad para determinar si realmente existió una intrusión informática o establecer de qué otra manera los documentos llegaron a internet.
Hasta ahora, indicó, la información identificada corresponde principalmente a promociones del Poder Judicial, y no a documentos considerados especialmente sensibles, como los acuerdos emitidos por los juzgadores.
La investigación deberá establecer si los archivos fueron sustraídos directamente de los sistemas institucionales, si alguien con acceso autorizado los extrajo o si existió alguna otra vulnerabilidad que permitiera obtenerlos.
Poder Judicial cambiará de proveedor informático
Ante el incidente, la presidenta del STJE adelantó que el Poder Judicial cambiará de proveedor de servicios informáticos y buscará una empresa con mayor especialización en ciberseguridad.
La decisión se tomará independientemente de que la investigación confirme o descarte un hackeo, debido a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los sistemas institucionales.
Zarazúa Martínez sostuvo que la institución mantendrá una postura transparente conforme avance la investigación y que, si finalmente se acredita que ocurrió una intrusión informática, presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades.
El caso permanece bajo análisis mientras especialistas determinan cómo fueron obtenidos los documentos y si la infraestructura tecnológica del Poder Judicial de San Luis Potosí presenta vulnerabilidades que deban ser corregidas.
