La iniciativa que propone exigir una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad a quienes aspiren a cargos de elección popular en San Luis Potosí comenzó a generar cuestionamientos entre legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles riesgos constitucionales y un eventual uso político de los mecanismos de evaluación.
La iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés obliga a los aspirantes a cargos de elección popular a aprobar controles de confianza antes de que sus partidos puedan registrarlos rumbo a las elecciones de 2027. La discusión gira en torno al posible papel de autoridades estatales en la definición de quiénes podrán competir en los procesos electorales.
El coordinador de la bancada del PAN, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que la reforma busca fortalecer los filtros internos de los partidos y prevenir casos de infiltración criminal en la política, similares a los registrados en otras entidades del país. Sin embargo, advirtió que el Congreso deberá revisar cuidadosamente el proyecto para evitar violaciones constitucionales y posibles arbitrariedades.
Además, Rubén Guajardo Barrera informó que la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales ya recibió la iniciativa para iniciar su análisis antes del próximo proceso electoral. También adelantó que el PAN prepara una propuesta alterna de reforma electoral con mecanismos de revisión para perfiles de candidaturas en todos los partidos políticos.
Por su parte, la diputada de Morena, Gabriela López Torres, rechazó que el gobierno tenga participación directa en la validación de candidaturas y sostuvo que el Estado “no puede ser juez y parte”. También criticó que la iniciativa fuera presentada sin difusión previa suficiente, lo que impidió que las bancadas revisaran a detalle el contenido antes de su envío a comisiones.
La legisladora morenista pidió abrir el análisis a especialistas y mesas técnicas para evaluar posibles afectaciones a los derechos político-electorales. Aunque reconoció la necesidad de impedir que personas vinculadas con actividades delictivas lleguen a cargos públicos, insistió en que los controles no deben convertirse en herramientas de presión o exclusión política.
