La revisión de antecedentes de candidatos para las elecciones de 2027 que implementará el Instituto Nacional Electoral (INE) podría tener alcances limitados debido a que parte de la información obtenida permanecerá bajo carácter confidencial, advirtió Marco Iván Vargas, especialista en temas electorales.
El experto consideró que el mecanismo presenta debilidades y una utilidad limitada, debido a que la información que se obtenga podría ser desigual e imperfecta y, al final, serán los partidos políticos quienes decidan si mantienen o retiran a sus candidatos.
Vargas explicó que el procedimiento será voluntario para los partidos políticos y requerirá el consentimiento de las personas aspirantes para realizar la revisión correspondiente. Por ello, los resultados dependerán tanto de la participación de los institutos políticos como de la autorización de quienes busquen una candidatura.
Uno de los principales cuestionamientos, señaló, es que la información de inteligencia no judicializada tendrá carácter confidencial y la ciudadanía no podrá consultarla. Esto impedirá que los electores conozcan directamente los hallazgos obtenidos durante las revisiones y podría generar una percepción de seguridad que no necesariamente corresponda con los resultados del mecanismo.
El especialista también advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos político-electorales de los aspirantes, particularmente cuando se utilice información que no haya sido judicializada. Las personas involucradas podrían recurrir a mecanismos de impugnación si consideran que se incorporaron datos sin su consentimiento o señalamientos que carezcan de sustento judicial.
Además, Vargas señaló que las investigaciones no estarán a cargo directamente del INE, sino que el instituto solicitará información a distintas dependencias y organismos públicos.
Entre las instituciones que participarían en la revisión se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con el especialista, el diseño del mecanismo deja una parte importante de la responsabilidad en los partidos políticos, ya que serán estos los que deberán valorar la información recibida y determinar si mantienen o no a una persona como candidata.
La falta de acceso ciudadano a los resultados representa, desde esta perspectiva, uno de los principales retos para la transparencia del proceso electoral de 2027, debido a que los electores no necesariamente tendrán elementos para conocer las conclusiones de las revisiones realizadas a quienes busquen ocupar un cargo público.
