La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, afirmó que desconoce los resultados de la Séptima Evaluación Trimestral de Congreso Calificado, por lo que evitó emitir una postura sobre el informe que reprobó a los 27 diputados de la actual Legislatura.
La organización Congreso Calificado asignó calificaciones inferiores a cinco a la totalidad de los legisladores. La diputada María Dolores Robles Chairez obtuvo la puntuación más alta con 4.39, aunque también resultó reprobatoria.
Además de las evaluaciones, el observatorio aplicó la sanción de «conducta notoriamente perniciosa» a los diputados Tomás Zavala, por la controversia relacionada con la exhibición y defensa del uso de relojes de alto valor, y a Héctor Serrano Cortés, por promover la denominada «Ley Serrano», iniciativa que diversas organizaciones han cuestionado al considerar que podría afectar la libertad de expresión y facilitar la criminalización del ejercicio periodístico.
El informe también señala que 44 por ciento de las 749 iniciativas presentadas durante la actual Legislatura permanecen sin dictaminar. Asimismo, indica que 90 por ciento de las 89 iniciativas ciudadanas se desecharón, continúan sin resolución o perdieron vigencia por caducidad. De igual forma, advierte que 25 de las 27 comisiones legislativas mantienen al menos una propuesta ciudadana pendiente de análisis.
Otro de los hallazgos del reporte es que 11 diputados presentaron iniciativas sin incorporar el análisis de impacto presupuestal, requisito previsto en la normativa interna del Congreso del Estado.
Al ser cuestionada sobre estos resultados, Sara Rocha respondió que no había revisado el documento, por lo que prefirió no opinar sobre las conclusiones del observatorio ciudadano.
Respecto al alto porcentaje de iniciativas ciudadanas desechadas, la legisladora reconoció que muchas propuestas no prosperan; sin embargo, sostuvo que esa situación también afecta a iniciativas presentadas por los propios diputados.
Rocha Medina explicó que cada comisión legislativa analiza y dictamina las iniciativas con base en criterios técnicos y jurídicos, por lo que corresponde a esos órganos determinar si una propuesta cumple con los requisitos para continuar su proceso legislativo o si debe desecharse.
