Hasta 60 empresas dedicadas al transporte de personal operan sin el registro formal exigido por la legislación de San Luis Potosí, según reveló Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La funcionaria advirtió que prestar este servicio al margen de la normativa estatal se configura como un delito y genera graves riesgos en la movilidad industrial de la zona metropolitana.
Martínez Acosta evidenció que entre las firmas irregulares figuran grandes compañías del sector como DM Control y UTEP, las cuales se resisten a acercarse a la dependencia para regularizar sus permisos. La titular de la SCT enfatizó que, en caso de ocurrir un siniestro vial donde las unidades carezcan de pólizas de seguro vigentes, existirá una corresponsabilidad legal directa para las empresas privadas que contraten estos servicios no autorizados.
Para abordar la problemática, la dependencia estatal mantiene diálogo con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) a fin de sensibilizar al sector empresarial. La funcionaria puntualizó que, si bien el sector privado busca proveedores eficientes para cumplir los horarios del personal, la prioridad debe ser garantizar la seguridad e integridad física de las y los trabajadores potosinos a través de unidades debidamente inspeccionadas.
La SCT continuará con los operativos de supervisión para detectar unidades clandestinas e instó a las industrias de la capital a contratar prestadores de servicio regularizados. Con estas acciones, la autoridad busca erradicar la competencia desleal y asegurar que el transporte masivo cumpla con los estándares de seguridad operacional exigidos en el estado.
