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Familia de Liz Castro afirma que Raúl N., presunto culpable del accidente, se dió a la fuga

Padre de Lizbeth Sarahí acusa encubrimiento e influyentismo político tras la fuga de Raúl "N", implicado en el fatal accidente en Cerritos.

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El caso que mantiene conmocionado al municipio de Cerritos tomó un rumbo definitivo tras confirmarse la evasión de Raúl «N», presunto responsable del accidente automovilístico registrado el pasado 2 de agosto donde perdió la vida la joven Lizbeth Sarahí.

Edgar Israel Castro Dávalos, padre de la víctima, denunció públicamente la existencia de una red de complicidad política e influyentismo que facilitó la huida del imputado, sobre quien la Fiscalía General del Estado mantiene desplegada una orden de búsqueda sin lograr su localización.

De acuerdo con el testimonio brindado por el progenitor, el señalado conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, ignorando las advertencias de los ocupantes que viajaban en la unidad. Tras registrarse el impacto en territorio de Villa Juárez, unidades de emergencia trasladaron de forma prioritaria al implicado hacia un centro médico en Cerritos; no obstante, una vez que recibió la atención sanitaria inicial, el joven abandonó el recinto sin que las autoridades locales procedieran con su custodia preventiva.

La familia de la joven fallecida responsabilizó directamente a los padres del acusado por obstaculizar el acceso a la justicia. La madre del sospechoso es la diputada local por el Partido del Trabajo, Leticia Vázquez Hernández, mientras que su padre Raúl Reyes, se desempeña como regidor en el ayuntamiento de Cerritos, figura identitaria a la que atribuyen el despliegue de influencias políticas para entorpecer las indagatorias de los primeros respondientes e intentar alterar la versión original de los hechos.

Frente al actuar de las dependencias municipales, el equipo jurídico que representa a los deudos trabaja de la mano con las instancias estatales para subsanar las irregularidades asentadas en la carpeta de investigación inicial. La defensa legal busca desmantelar la cadena de omisiones institucionales para garantizar que la ley prevalezca sobre el peso de los cargos públicos que ostentan los familiares del probable responsable.

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