El Congreso del Estado de San Luis Potosí gestionó ante la Secretaría de Finanzas (Sefin) una asignación presupuestal prioritaria de 1.6 millones de pesos para dar cumplimiento a las consultas públicas mandatadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La solicitud fue confirmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, quien precisó que el monto original estimado de 14 millones de pesos tuvo que ser ajustado para adecuarlo a las disponibilidades financieras de la entidad.
El plan operativo trazado por el Poder Legislativo establece que, en caso de recibir una transferencia limitada, la prioridad inmediata será el desahogo de la consulta a personas con discapacidad debido a la inminencia de los plazos judiciales impuestos por el máximo tribunal del país. Por su parte, la consulta a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas requerirá de una ampliación presupuestal posterior, derivado de los complejos protocolos técnicos, logísticos y de traducción que exige la normativa para estos ejercicios de participación ciudadana.
Las obligaciones del legislativo potosino se desprenden del fallo emitido en la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, mediante el cual la SCJN invalidó las reformas previas a la Ley de Educación del Estado por inconsistencias en los procesos de consulta previa. El acuerdo judicial emplazó a los diputados locales a garantizar la suficiencia económica y presentar un cronograma de trabajo para 2026 que asegure la participación efectiva de todos los sectores vulnerables involucrados.
La asignación de recursos por parte de Sefin resultará determinante para que la LXXIV Legislatura evite desacatos ante la justicia federal. La concreción de la consulta indígena en SLP y los trabajos con la comunidad con discapacidad buscan subsanar las irregularidades del pasado para armonizar en definitiva la Ley de Educación de San Luis Potosí.
