En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para derogar parte del delito de mensajes intimidatorios del Código Penal local, figura creada en mayo de 2026 para sancionar la colocación y difusión de las llamadas narcomantas. La propuesta, impulsada por la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, la diputada María Leticia Vázquez Hernández, busca retirar el inciso que castiga las expresiones idóneas para generar temor colectivo o alterar el orden público, reconociendo que su amplitud descriptiva puede vulnerar el principio de seguridad jurídica de la ciudadanía.
La rectificación legislativa surge tras la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El organismo defensor advirtió que la redacción vigente contiene preceptos ambiguos que facilitan la aplicación discrecional por parte de las autoridades, lo que representa un riesgo potencial para la libertad de expresión al no diferenciar con claridad entre una manifestación legítima y una conducta criminal.
El proyecto plantea mantener el tipo penal para sancionar las amenazas directas y verificables contra la población o las instituciones, preservando las penas de prisión y las sanciones administrativas estipuladas en la reforma original. Con esta modificación, el Poder Legislativo busca ajustar la normativa estatal a los estándares constitucionales en materia de penalidad, previniendo un fallo adverso por parte del máximo tribunal del país.
