A pesar del desconocimiento manifestado por la dirección de la Comisión Estatal del Agua (CEA) sobre las competencias para atender la plaga vegetal que cubre la presa San José, un mandato de la justicia federal clarificó el reparto de obligaciones. La resolución derivada del amparo en revisión 366/2019 determinó de forma explícita que la limpieza y conservación del embalse recae sobre cuatro autoridades locales específicas, incluyendo al propio organismo hídrico estatal.
El pronunciamiento legal, ratificado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito a raíz de un recurso impulsado por la organización ambientalista Cambio de Ruta, vinculó directamente al titular del Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), a la CEA y al organismo operador Interapas. Dichas instancias quedaron comprometidas a ejecutar acciones coordinadas para detener el avance de la hierba marina, frenar el deterioro ambiental y asegurar la calidad del suministro de agua potable.
La delimitación de responsabilidades ocurre en un contexto donde las autoridades se preparaban para aplicar una bolsa de 6 millones de pesos provenientes de la Conagua, enfocados exclusivamente en la modernización de la planta tratadora instalada en Escalerillas. El director de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, había reconocido la disponibilidad de dichos fondos presupuestales pero admitió no tener claridad sobre el ente encargado del retiro físico de la biomasa acumulada en el vaso de la presa.
Para dar efectividad al dictamen, los magistrados federales instruyeron a las dependencias señaladas a estructurar un programa integral conjunto que valore el estado del ecosistema y mitigue los riesgos sanitarios para la población usuaria del recurso hídrico. El fallo otorgó un plazo perentorio a partir de la notificación formal para que las cuatro entidades homologuen sus estrategias y pongan en marcha la remoción del lirio acuático.
