En la liturgia del poder potosino, la simulación ya ni siquiera se molesta en guardar las apariencias. La unción de Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción no constituye un desacierto administrativo ni un descuido de cálculo político: es un mensaje diáfano, casi pedagógico, sobre quién manda y hasta dónde alcanza el feudo.
Ricardo Gallardo Cardona lo incluyó en la terna con la parsimonia de quien envía una orden de compra, y el Congreso estatal, reducido a una anodina oficialía de partes teñida de verde, bajó la cabeza y estampó el sello sin rechistar. No hubo examen de perfiles, no existió deliberación parlamentaria y el escrutinio social fue tratado como una molestia prescindible. Todo estaba resuelto mucho antes de que sonara la primera campanilla en el recinto.
El descaro alcanzó cotas de sainete provinciano en el momento mismo del sufragio. En un ejercicio donde la solemnidad constitucional debería ser intachable, los legisladores lograron la proeza de que la aritmética electoral desafiara la física elemental: con veintiún diputados en sus curules, la urna arrojó dieciocho votos a favor y cuatro nulos.
Veintidós papeletas. Un milagro numérico digno de opereta. Cuando una asamblea representativa ni siquiera se toma la molestia de cuadrar las boletas para disimular el atraco, el mensaje de fondo es demoledor: la legalidad no es una norma de conducta, sino un telón de fondo mal pintado que se puede rasgar sin consecuencias.
La designación de Pérez Álvarez arrastra desde el primer minuto el tufo inocultable del clásico fiscal carnal, pero con un barniz particularmente corrosivo. Su hoja de vida no resiste la más indulgente prueba de autonomía. Su paso burocrático por la Comisión Estatal del Agua dejó un rastro de opacidad e ineficacia difícil de maquillar, mientras que su historial en los pasillos de Soledad de Graciano Sánchez evoca más las artes de la gestoría complaciente y el cabildeo de cañería que el rigor de un persecutor implacable de delitos patrimoniales.
Quien aprendió a operar dentro de las cloacas del gallardismo difícilmente saldrá a clausurarlas; quien floreció al amparo de la nómina local no va a morder la mano que le acaba de obsequiar una charola ministerial. El perfil no está pensado para auditar al poder, sino para blindarlo con la precisión de quien conoce cada costura sucia del sistema.
Con esta maniobra, la Fiscalía Anticorrupción queda despojada de cualquier vestigio de su propósito original y pasa a funcionar como una aduana privada. No nació para erradicar las complicidades del régimen, sino para dosificarlas, garantizar que ningún expediente sensible apunte hacia el despacho principal y asegurar que la justicia en San Luis Potosí siga siendo lo que siempre ha sido para la corte de la gallardía: un garrote para los disidentes y un manto tibio para los incondicionales.
