«Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser el objetivo principal y pasó a ser un producto empaquetado al servicio de la oferta y la demanda del poder.» — Ryszard Kapuściński
¿Hasta dónde puede degradarse un organismo constitucionalmente autónomo cuando sus recomendaciones sirven de escudo a la clase política y de látigo contra la crítica universitaria? ¿Es la regulación de la tecnología e inteligencia artificial una preocupación genuina sobre los derechos digitales, o el pretexto perfecto para revivir el delito de opinión y la censura punitiva? ¿Qué margen de maniobra le queda al periodismo independiente frente a un ecosistema mediático asfixiado por el presupuesto público y los medios corporativos al servicio del Estado?
Para entender el proceso mediante el cual las democracias erosionan sus propias libertades sin necesidad de dar un golpe de Estado explícito, vale la pena volver a las advertencias del teatro y la narrativa del siglo XX. En obras como El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, la opresión nunca empieza con la prohibición total de la palabra; empieza con la captura gradual de las normas, la invención de nuevos tipos penales bajo el pretexto del bien común y la conversión de las instituciones de protección social en agentes de vigilancia del régimen. En la obra de Bergman, el embrión del autoritarismo es casi invisible a través de la fina membrana del huevo: se perciben sus contornos, pero la sociedad elige ignorarlo hasta que la criatura rompe el cascarón y devora las libertades individuales.
Del mismo modo, cuando el Estado utiliza la ley para encarcelar y el presupuesto para adiestrar a la prensa, la comedia del poder se vuelve tragedia social. Las leyes no se crean para proteger al ciudadano de la arbitrariedad, sino para blindar la piel ultrasensible de los gobernantes ante el escrutinio público, permitiendo que esa criatura autoritaria se incube a la vista de todos con la complicidad del silencio.
Vivimos procesos francamente ridículos, fuera de lugar en aspectos donde creímos que se había avanzado considerablemente. En momentos donde la lucha por la libertad de expresión intentó por todos los medios que el poder no la sometiera durante décadas —tanto en los gobiernos del PRI como del PAN—, la llegada de la izquierda encarnada en Morena auguró que se daría espacio a que la libertad de prensa fuera respetada y que la impunidad en la censura y el asesinato de periodistas finalmente concluiría.
Sin embargo, en México ese cambio no dio avances hacia un lado positivo. La censura se recrudeció desde Palacio Nacional a través de la criminalización de aquellos que opinaban diferente al presidente López Obrador, quien llevó la batuta de estos ataques mientras la Presidencia creaba sus propios medios a favor para defender las posturas del Estado y calificar como enemigos a las voces críticas. Si bien es innegable que en todos los frentes pueden existir intereses por controlar la narrativa y disputar el poder, el uso faccioso que asumió el Estado se repitió como un eco en todos los gobiernos locales de Morena para irse en contra de cualquier periodista divergente, intentando ocultar que los asuntos de corrupción y abusos no han podido ser controlados.
En San Luis Potosí, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no fue la excepción. Con el impulso de la llamada Ley Serrano —promovida por un diputado tristemente célebre por su arrogancia y lealtad al gobierno—, el poder arremetió contra informadores y logró meter a tres personas a prisión. Bajo la supuesta justificación de cuidar la imagen de los gobernantes para que no fueran atacados indiscriminadamente y argumentando que el uso de la inteligencia artificial permitía dañar su reputación, la norma fue impugnada y severamente cuestionada a nivel nacional. La resistencia, las críticas e incluso las burlas por intentar imponer una ley que afectaba directamente al oficio periodístico provocaron que el propio gobernador no resistiera la presión y la ley terminara siendo derogada, dejando en libertad a los tres detenidos, aunque no sin condiciones que dañaran su ejercicio profesional.
Frente a este escenario, surgió el foro Voces Libres, un ejercicio ciudadano independiente gestado por colectivos de comunicadores, expertos en tecnología y organizaciones de derechos humanos que encontró cobijo y apertura plural en los recintos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El encuentro se convirtió en un espacio de formación técnica, ciberseguridad, verificación de datos y resistencia cívica contra la desinformación algorítmica y los excesos punitivos. Para intentar limpiar su propia imagen, semanas antes, el diputado Héctor Serrano organizó sus propios foros a modo, eventos ridículos que no se abrieron a la participación del periodismo potosino para intentar defender las posturas oficiales.
Por el contrario, el encuentro independiente Voces Libres logró coordinar a organismos, medios y periodistas de postura crítica, sufriendo por ello la ofensiva y el cuestionamiento del Congreso estatal y el boicot contra su sede inicial, teniendo que trasladarse a otro recinto universitario para cumplir con su cometido deliberativo.
El colmo de esta dinámica de sometimiento institucional lo protagonizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En lugar de pronunciarse o actuar ante la violencia sistemática que sufren los periodistas o los diversos sectores vulnerados en la entidad, la comisión actuó totalmente a modo de las autoridades gubernamentales al emitir una recomendación para exigir que el rector de la UASLP le pida una disculpa pública al diputado Héctor Serrano, quien presentó una queja por supuesta discriminación al haberse señalado que es foráneo. Resulta vergonzoso que un organismo defensor de derechos se preste a los caprichos de un legislador que además es propietario de medios de comunicación dedicados a atacar a cualquiera que se oponga a sus intereses.
Vivimos tiempos extraños donde la libertad de expresión ha quedado sujeta a la manipulación de un poder que controla económicamente a gran parte de los medios de comunicación. La libertad de prensa en San Luis Potosí no está amenazada por el avance de las tecnologías emergentes, sino por la soberbia de una clase política que utiliza las leyes como látigo privado y a las instituciones de derechos humanos como su oficina de prensa. La Ley Serrano cayó por el peso de su propia inconsistencia jurídica, pero la intención autoritaria de silenciar al mensajero para ocultar la podredumbre del mensaje permanece intacta.
Ante este panorama, la solución no vendrá de la voluntad política ni de organismos cooptados, sino de la edificación de una verdadera red de blindaje social e institucional para el periodismo. Se vuelve indispensable impulsar un Observatorio Ciudadano de Libertad de Expresión y Garantías Periodísticas, con autonomía presupuestal y respaldo universitario, que audite la asignación del gasto en publicidad oficial y vigile el uso faccioso del aparato penal. Asimismo, resulta imperativo reglamentar con topes claros y criterios de transparencia la pauta gubernamental en medios para asfixiar el chantaje económico, fortalecer los mecanismos de defensa legal para periodistas perseguidos y consolidar alianzas transestatales de investigación que impidan que el abuso del poder local quede encapsulado en el silencio.
Porque la verdad no se negocia ni se somete por decreto. Pretender que la crítica se apague encarcelando informadores o fabricando recomendaciones a modo en instituciones capturadas es un cálculo tan ingenuo como peligroso: los gobiernos pasan, los abusos quedan expuestos y la memoria social permanece. Si el poder apuesta al silencio comprando complicidades y castigando la disidencia, el periodismo independiente y la sociedad civil deben responder con más luz, más organización y un escrutinio implacable. En San Luis Potosí y en todo México, la libertad de prensa no es una concesión del gobernante en turno; es la trinchera irrenunciable sobre la que se sostiene cualquier intento de democracia.
Hasta la próxima.
