La Fiscalía de San Luis Potosí volvió a exhibir este fin de semana su desorden interno con una nueva filtración del caso del joven pasante de estomatología Jorge Dávila Ramírez. Por segunda ocasión, material confidencial —esta vez un video donde uno de los presuntos homicidas rinde declaración dentro de las instalaciones oficiales— terminó en manos de medios de comunicación, detonando la indignación de la familia y revelando que, en la institución, el control simplemente no existe.
La familia de Jorge Dávila, a través de su abogado, condenó enérgicamente la aparición de estos videos. Señalaron que estas filtraciones no solo revictimizan, sino que ponen en riesgo la investigación completa. Lo advirtieron sin rodeos: si el debido proceso se contamina, los presuntos responsables podrían quedar en libertad. En otras palabras, otro crimen más podría terminar en la impunidad crónica que este estado conoce demasiado bien.
La reacción de la Fiscalía, sin embargo, fue tan tibia como predecible. Al deslindarse de toda responsabilidad sobre las filtraciones, la institución dejó al descubierto algo más profundo: una crisis de autoridad y disciplina bajo el mando de la fiscal Manuela García Cázares, quien nuevamente demuestra que no tiene control sobre su propia casa. Las fugas de información, el caos interno y la evidente falta de rigor operativo exhiben una gestión debilitada, sin mando real y sin capacidad para resguardar ni la verdad ni la justicia.
Si en la Fiscalía la titular no manda, entonces ¿quién sí? Porque lo que sí queda claro es que, bajo este clima de filtraciones, opacidad y desorden, la justicia para Jorge Dávila corre el riesgo de quedar archivada antes de llegar a los tribunales.
