El jueves 17 de septiembre, durante la conferencia diaria de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, participaron el maestro Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el maestro Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
Ambos anunciaron avances, la situación actual y las inversiones previstas para el plan sexenal de infraestructura carretera. Como se ha señalado en este espacio, San Luis Potosí figura entre los estados más beneficiados por su ubicación estratégica para el transporte de mercancías entre los puertos de Altamira y Manzanillo, así como hacia Estados Unidos.
El secretario Esteva Medina presentó los denominados Caminos Prioritarios 2025–2029. En San Luis Potosí, esta clasificación incluye los tramos Tamazunchale–Huejutla y Valles–Tampico.
La carretera Tamazunchale–Huejutla, cuyas obras se ubican en San Luis Potosí e Hidalgo, contará con una inversión cercana a 7 mil 886 millones de pesos para modernizar 158 kilómetros entre abril de 2025 y diciembre de 2029. El proyecto registra un avance del 22%, y los trabajos restantes ya están en licitación para concluir antes de que termine el actual sexenio.
También está en licitación el tramo pendiente de la carretera Valles–Tampico: 4.3 kilómetros que se ampliarán a cuatro carriles, 2.5 km en San Luis Potosí y 1.8 km en Veracruz. La inversión total ascenderá a 9 mil 582 mdp por los 68 kilómetros intervenidos, y la ejecución está prevista de octubre de 2026 a diciembre de 2029.
Durante su intervención, el director Mendoza presentó 19 proyectos para construir o modernizar más de 1,800 kilómetros de carreteras. La inversión, proveniente del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), operado por BANOBRAS, se realizará mediante esquemas mixtos de inversión que se estima sea de 213 mil 868 mdp. Las obras generarían 177 mil 862 empleos directos y 144 mil 745 indirectos, e impulsarían la obra pública en 17 estados, incluido San Luis Potosí.
De los 19 proyectos, 14 ya fueron aprobados por la SICT. Sus esquemas de inversión buscan eliminar prácticas deficientes del pasado en el mantenimiento, rehabilitación y operación de carreteras libres de peaje y se clasifican en: CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), y EPEM (Empresa con Participación Estatal Mayoritaria).
Estos esquemas permitirán construir nueva infraestructura vial con participación privada, que asumirá gran parte de los riesgos, mientras el Estado conservará la propiedad y los derechos; por tanto, no habrá concesiones. Al ser autofinanciables, los proyectos no representarán una carga para el erario. Además, se construirán y operarán con altos estándares, bajo la supervisión de entidades independientes contratadas por la dependencia para asegurar el cumplimiento normativo.
En San Luis Potosí, este esquema se aplicará a la denominada Ruta 57, que modernizará por completo la carretera federal 57 desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos. Considerada la columna vertebral del transporte nacional, esta vía moviliza cerca del 40% de la carga del país, pese a tener solo dos carriles en su tramo más crítico.
En este corredor prioritario, cada tramo incorporará dos carriles: los de cuatro pasarán a seis; los de seis, a ocho; los de ocho, a diez; y los de diez, a doce.
En nuestro estado, las obras inician con el tramo La Pitahaya–Libramiento Oriente: 71 kilómetros nuevos, una inversión cercana a 8 mil 331 mdp y con una conclusión prevista para febrero de 2028. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante una concesión a 40 años ya interviene los 118.4 kilómetros del tramo San Luis Potosí–Matehuala con una inversión de 24 mil mdp; por ello, BANOBRAS continuará con 191 kilómetros, del Libramiento de Matehuala al Entronque Puerto México, que pasarán de cuatro a seis carriles con una inversión aproximada de 22 mil 500 millones de pesos.
Según el indicador más reciente del INEGI, la construcción industrial creció 6.7% anual y representa 6.5% del PIB nacional; es decir, aporta 6.5 de cada 100 pesos producidos en el país. Estas inversiones fortalecerán la economía de San Luis Potosí y tendrán repercusiones nacionales.
Dado que 82% de los materiales y servicios son de origen mexicano, beneficiarán a proveedores, familias y cadenas de valor del país, además de generar empleos mejor remunerados y elevar el poder adquisitivo y el bienestar de las familias mexicanas.
