En un hecho que ha levantado cejas y generado indignación entre diversos sectores de la ciudadanía, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí entregó en menos de 36 horas, 350 mil pesos a un empresario local cuyo negocio de marcas exclusivas fue víctima de un robo. Este gesto, presentado como un acto solidario y de respaldo al sector empresarial, ha sido señalado por muchos como una muestra preocupante de un manejo arbitrario y politizado de los recursos públicos.
La entrega de esta suma, proveniente del erario estatal, abre un debate necesario sobre la imparcialidad y equidad en la atención de los problemas que aquejan a la población. ¿Qué criterios utiliza el gobierno para decidir a quién apoyar y a quién ignorar? ¿Cuántos comerciantes y ciudadanos han sufrido robos o pérdidas sin recibir ni una llamada de las autoridades, mucho menos un cheque de seis cifras?
El mensaje enviado por la administración estatal parece claro: no todos los afectados por la inseguridad tienen la misma prioridad. Mientras cientos de ciudadanos lidian con las consecuencias de la delincuencia sin acceso a apoyo económico ni justicia efectiva, un empresario con acceso directo a las autoridades recibe una solución inmediata y visible. Este acto, lejos de resolver el problema de raíz, pone en evidencia un interés más centrado en generar titulares positivos que en implementar políticas efectivas de seguridad.
San Luis Potosí no es ajeno a la crisis de inseguridad que afecta a todo el país. Comerciantes, familias y comunidades enteras viven bajo la constante amenaza del crimen, enfrentando robos, extorsiones y violencia sin la certeza de recibir justicia. Sin embargo, este caso demuestra que, para el gobierno, no todas las víctimas tienen la misma importancia.
Más allá de la indignación moral que genera la selectividad del apoyo, surge una preocupación más profunda: la politización de la seguridad pública. En lugar de enfocarse en estrategias integrales para reducir la incidencia delictiva, el gobierno parece estar utilizando recursos públicos como herramienta para mejorar su imagen, mostrando “mano solidaria” solo cuando resulta políticamente conveniente.
¿Es este el mejor uso de los recursos públicos? Los 350 mil pesos entregados a un solo empresario podrían haberse destinado a fortalecer los programas de seguridad, apoyar a grupos más vulnerables, o incluso a resarcir a más víctimas de la delincuencia. En cambio, se optó por una acción que parece más un acto publicitario que una solución real a los problemas estructurales de seguridad.
Mientras el gobierno de San Luis Potosí se esfuerza por proyectar una imagen de solidaridad con los empresarios, miles de potosinos se preguntan: ¿cuándo llegará el apoyo para ellos? La seguridad no es un favor, es un derecho, y la justicia no debería tener precio ni rostro privilegiado.
