Lo que la propaganda oficial intentó maquillar como una genuina fiesta popular por las dos décadas del «gallardismo» terminó por desnudarse bajo la tormenta como lo que realmente fue: una burda y flagrante simulación con fines electorales.
La movilización de no más de 10 mil personas, (contrarias a las 50 mil que los medios oficialistas difundieron) que inundó el espacio público no fue el reflejo de un respaldo orgánico, sino el resultado de la maquinaria del acarreo condicionado. Las denuncias de pase de lista a burócratas, las presiones a beneficiarios de programas sociales y la retención de despensas como moneda de cambio configuraron un escenario donde la dignidad ciudadana fue sometida al capricho del poder. Soportar horas de lodo y lluvia para presenciar un mitin de escasos cuarenta minutos, cuyo único propósito fue la exaltación dinástica de la familia Gallardo, evidenció el desgaste de un modelo que confunde la asistencia forzada con el apoyo popular.
Las rechiflas y los aplausos gélidos dirigidos a figuras operadoras como Héctor Serrano confirmaron que el músculo político que presumen es tan artificial como su discurso.
Esta puesta en escena, centrada en la figura de la senadora Ruth González Silva y arropada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona junto a toda la estructura estatal y municipal del Partido Verde, rebasó cualquier límite de la promoción personal para adentrarse en el terreno de los actos anticipados de campaña.
Las alusiones directas a la sucesión transexenal y el llamado explícito de la senadora a «apabullar» a los adversarios borraron cualquier rastro de institucionalidad. Ante este descarado despliegue de recursos públicos y violación a la equidad, la complicidad por omisión de las autoridades electorales resulta alarmante.
El Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana parecen haber entrado en un estado de hibernación conveniente. Si el INE y el CEEPAC deciden ignorar estas evidencias y renunciar a su facultad fiscalizadora y sancionatoria, estarán decretando la muerte oficial de la legislación electoral en el estado.
Permitir que este evento pase impune enviará el mensaje definitivo de que las reglas del juego democrático son opcionales y de que el aparato gubernamental puede usarse como casa de campaña sin consecuencia alguna. La oposición, particularmente el panismo que ha prometido una ofensiva legal, tiene ahora la obligación de formalizar las denuncias; sin embargo, la verdadera prueba de fuego recae en unos árbitros electorales obligados a demostrar que aún tienen la autoridad para frenar el cinismo oficial.
