La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha encontrado un motivo para colgarse una medalla dorada en el escaparate nacional. Según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, elaborado por la organización Impunidad Cero, la institución potosina se consagró en el primer lugar en efectividad para resolver investigaciones, presumiendo un robusto 66.1 por ciento.
El reporte añade que la entidad registra la mayor probabilidad de esclarecimiento del delito en el país, con un 4.66 por ciento. Una cifra que, aunque matemáticamente lidera el ranking nacional, retrata la raquítica realidad de la justicia potosino, donde celebrar menos del cinco por ciento de éxito es motivo de orgullo institucional.
Detrás del festejo de la burocracia estatal surge una interrogante inevitable para la ciudadanía. Es imperativo cuestionar si esa supuesta maquinaria de alta eficiencia se despliega con el mismo rigor para atender el grueso de las denuncias ciudadanas, resolver los robos cotidianos, frenar las agresiones o localizar a las miles de personas desaparecidas cuyos expedientes acumulan polvo y olvido durante meses o años.
La suspicacia no es gratuita. Coincide con una reciente oleada de preocupación por el actuar de las autoridades ministeriales en asuntos que involucran directamente a comunicadores y medios de información. En un contexto marcado por el debate público en torno a la denominada “Ley Serrano”, los alcances de las medidas legales parecen estar operando con una sospechosa celeridad cuando se trata de acotar la labor periodística, sembrando dudas sobre las verdaderas prioridades de la Fiscalía.
Nadie argumenta que el gremio periodístico deba gozar de impunidad o situarse por encima de la ley. Sin embargo, la coincidencia entre la «efectividad» presumida y la persecución de voces disidentes enciende las alarmas sobre el uso del aparato de justicia como un garrote de intimidación diseñado para silenciar la información incómoda. Si la Fiscalía potosina es verdaderamente una de las más eficientes de la República, esa destreza debe reflejarse en la restauración de la paz para las víctimas del delito común y organizado, mediante investigaciones transparentes, imparciales y rigurosamente respetuosas de las garantías constitucionales.
La obtención de un primer lugar en un índice civil no es un cheque en blanco. Mientras las carpetas de investigación sigan utilizándose selectivamente, la efectividad de la Fiscalía de San Luis Potosí pertenecerá más al terreno de la estadística cosmética que al de la justicia real.
