El proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí ya tiene a sus primeros estrategas del pragmatismo. Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local plurinominal por Morena, ha dejado clara su intención de apoderarse de la candidatura a la presidencia municipal de la capital potosina. Sin embargo, su agresiva apuesta política choca de frente con un historial reciente marcado por la intrascendencia legislativa, violaciones a la ley electoral y la pesada sombra de los negocios de su círculo familiar.
Lejos de acatar el llamado de la dirigencia estatal de su partido para mantener la disciplina y optar por un solo registro, el legislador desafió abiertamente a la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez. En una maniobra clásica y desesperada de supervivencia, Rosas Montiel se inscribió simultáneamente para tres cargos: la alcaldía de la capital, una diputación federal y la reelección en el congreso local. Esta táctica de reducción de riesgos evidencia una urgencia de mantenerse en la nómina pública que contrasta severamente con su nulo compromiso en su curul actual.
Bajo la bandera publicitaria de «dignificar la política», el morenista ha intentado proyectar un perfil técnico y progresista, un espejismo que se desmorona ante el escrutinio de la evaluación ciudadana. De acuerdo con las métricas de la organización independiente Congreso Calificado, el diputado cerró sus recientes evaluaciones trimestrales con una calificación reprobatoria de 2.16 sobre 10. Su gestión no destaca por el debate o la defensa ciudadana, sino por el ausentismo sistémico. En múltiples ocasiones, el legislador ha abandonado el recinto oficial en plena sesión plenaria para asistir a eventos proselitistas, priorizando su agenda personal sobre la obligación parlamentaria por la cual cobra una dieta.
A este desempeño deficiente se suma una realidad que pulveriza su discurso de representación ciudadana: Rosas Montiel nunca vivió en San Luis Potosí. Su llegada a la boleta es producto del más puro paracaidismo político, una imposición cupular desprovista de trabajo territorial. Esta absoluta falta de raíces explica su inusualmente cómoda y casi sospechosa cercanía con el Partido Verde y la “gallardía”.
Mientras las bases fundacionales de Morena pelean por defender los espacios del partido frente a sus aliados de coalición, el diputado plurinominal coquetea con el oficialismo estatal, adelantando públicamente su entera disposición para ceder la candidatura si la mesa de negociación decide entregarle la posición al PVEM. Más que un acto de disciplina partidista, su postura delata la sumisión de quien obedece a un pacto de intereses ajeno a los potosinos.
A la par de su rezago legislativo, Rosas Montiel enfrenta señalamientos directos por actos anticipados de campaña. Tras rendir su segundo informe de actividades —cuya logística fue financiada con una bolsa millonaria del Poder Legislativo—, el diputado ignoró los plazos estrictos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Semanas después de vencida la fecha límite legal para el retiro de propaganda personalizada, decenas de bardas con su nombre e imagen seguían intactas en las principales arterias de San Luis Potosí. Organizaciones como Ciudadanos Observando denunciaron públicamente que el legislador utilizó la obligación institucional de rendir cuentas como una burda simulación financiada por el erario para cimentar su aspiración municipal.
Pero el mayor flanco de vulnerabilidad en la incipiente carrera de Rosas Montiel radica en la flagrante contradicción entre su discurso de probidad obradorista y el emporio comercial de su familia. Su padre, Salomón Rosas Ramírez, un histórico operador priista reconvertido convenientemente en funcionario de la Secretaría de Economía del gobierno federal, es el apoderado legal y accionista mayoritario de Victoria Meters.
Esta empresa, que recientemente mutó sus operaciones a la aplicación móvil extranjera Blinkay para evadir el decomiso de parquímetros físicos, opera como un consorcio señalado repetidamente en diversos municipios del país por cobros irregulares, privatización predatoria del espacio público y retención abusiva de la recaudación municipal.
Para un aspirante que basa su precampaña en exigir transparencia y atacar la mala gestión de los recursos públicos en la capital potosina, el modelo extractivo que enriquece a su familia inmediata representa un lastre ético insalvable. Emilio Rosas Montiel navega hacia el 2027 exhibiendo credenciales académicas de élite, pero ejecutando al pie de la letra las prácticas más rancias de la vieja política: simulación legislativa, promoción al margen de la ley y el inocultable tufo del influyentismo.
