La ley Serrano, su derogación y el monólogo a puerta cerrada gallardista

 “No hay nada más divertido que la infelicidad, te lo aseguro… Sí, sí, es la cosa más cómica del mundo”.
Samuel Beckett, *Final de partida*

¿Es posible escribir una tragedia donde el autor, cegado por la soberbia de su propio guion, termina convertido, sin saberlo, en el bufón de su propia función? Y con ello, ¿Es la gallardía potosina el gran bufón de sus propios absurdos?

En el teatro del absurdo, Samuel Beckett nos regaló en *Esperando a Godot* la esencia de la futilidad: personajes que aguardan una revelación que nunca llega, mientras se consumen en diálogos circulares. Algo así ocurrió recientemente en nuestra geografía potosina con la intentona de la llamada «Ley Serrano». Los autores de esta pieza legislativa se olvidaron de un principio fundamental de la dramaturgia: si planteas una trama basada en una mentira, el público —la ciudadanía— no solo dejará de aplaudir; eventualmente, se levantará de sus asientos y exigirá el cierre del telón.

La estructura de esta «obra» fue, desde su concepción, una pieza de pésima calidad. Se pretendió vender a la audiencia una trama de vanguardia: la regulación de la Inteligencia Artificial y la vanguardia tecnológica. Pero, como buen dramaturgo mediocre, sus autores olvidaron que el público tiene memoria. La subtrama —la verdadera intención— era evidente para cualquiera con un mínimo de lucidez: el uso del andamiaje legislativo como un decorado para silenciar voces incómodas, encarcelar la crítica y disfrazar la intolerancia. Fue una puesta en escena torpe, donde el binomio gubernamental intentó resolver el conflicto de la crítica periodística recurriendo a la censura.

El error de diseño fue garrafal. Ante el rechazo de medios nacionales e internacionales que funcionaron como una crítica implacable, los autores se vieron obligados a improvisar un accidentado cambio de libreto. Sin embargo, en lugar de una retirada digna, el director de la puesta en escena, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, optó por el melodrama y la parafernalia. Se armó, en menos de una semana, el llamado «Encuentro Estatal por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial»; un pomposo escenario donde la academia, el sector empresarial y una lista preseleccionada de periodistas dóciles jugaron más un papel de utilería que de interlocutores reales. La puerta del salón se cerró con candado para las voces incómodas, demostrando que en el teatro oficial el diálogo es solo un monólogo coreografiado.

El clímax del absurdo llegó cuando, saltándose olímpicamente el manual del proceso legislativo, el mandatario estatal firmó y entregó «la derogación» directamente a la presidenta de la Directiva del Congreso, la diputada Sara Rocha Medina. En un despliegue de ignorancia técnica —o de desesperada astucia para ganarle la carrera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, se pretendió hacer pasar una iniciativa de derogación como un acto fulminante y ya consumado. Ninguno de los académicos ni legisladores presentes se atrevió a romper la magia del escenario para señalar que los gobernadores proponen, pero solo el Legislativo deroga. La claque aplaudió el decreto del soberano.

El libreto, lejos de corregirse, amenaza con una secuela aún más oscura. El discurso gallardista reculó en las formas pero mantuvo el fondo de su plan de control mediático. Tras haber amenazado con desaparecer por ley a los portales que él mismo etiqueta como «patito», ahora matiza diciendo que «no se pueden regular» los medios, pero advierte que vigilará que los «medios serios» no publiquen notas falsas. Para legitimar la maniobra, se utilizó a un periodista de utilería encargado de lanzar la propuesta de crear un «directorio o registro de medios». Al arrogarse el poder discrecional de decidir quién es «serio» y quién no, el régimen prepara el terreno para un nuevo mecanismo de exclusión y asfixia a la prensa independiente.

La derogación de la Ley Serrano es un triunfo de la resistencia civil, sí, pero también es una invitación a la sospecha. La obra no ha terminado; solo ha cambiado de acto. El diputado Héctor Serrano Cortés y la senadora Ruth González Silva ya demostraron la pulsión represora del aparato al buscar tipos penales en el Código para denunciar y encarcelar a comunicadores en el estado.

Como sociedad potosina, no podemos permitirnos ser simples espectadores pasivos desde la butaca. Nuestra propuesta debe ser, de ahora en adelante, la auditoría permanente del escenario. Si los creadores de esta farsa no son capaces de escribir propuestas de altura, si su intelecto no les alcanza para más que para censurar la crítica bajo el ropaje del control de la verdad, es nuestra labor exigir un cambio de elenco.

El poder es una puesta en escena efímera y la ciudadanía tiene el poder del veto en la taquilla de la historia. Estemos atentos, porque el teatro de la política potosina nunca cierra por mucho tiempo, y el próximo guion ya se está escribiendo tras bambalinas.

Hasta el próximo martes.

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