En una flagrante muestra de evasión y desprecio por la transparencia institucional, la fiscal general del estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, esquivó con asombrosa agilidad —casi ensayada— los cuestionamientos directos sobre el estatus de las carpetas de investigación abiertas contra periodistas y voces críticas de la entidad.
Sin embargo, en su afán por el silencio, su reticencia dejó al descubierto una preocupante realidad al revelar, casi sin querer, que ya existen múltiples denuncias en curso bajo la polémica legislación de Inteligencia Artificial. Este pronunciamiento enciende de inmediato los focos rojos en el gremio, ya que confirma el peor de los temores colectivos. Esta ley mordaza ya no es un arma sofisticada y exclusiva para silenciar a los profesionales de la información, sino que ahora busca legitimar el autoritarismo, permitiendo que cualquier ciudadano particular que utilice sus redes sociales para denunciar, manifestar su inconformidad o simplemente criticar las acciones del gobierno estatal pueda ser denunciado y procesado penalmente.
Lo que vuelve verdaderamente aberrante e ilegal esta cacería de brujas digital es el monumental vacío operativo que la respalda, pues el Poder Judicial potosino carece por completo de jueces capacitados, ministerios públicos formados y peritos técnicos certificados para determinar científicamente si un contenido en video o audio fue confeccionado mediante Inteligencia Artificial o si se trata de material legítimo.
Resulta preocupante, por no decir aterrador, cómo el Estado se apresura a tipificar delitos cibernéticos de vanguardia mientras sus instituciones operan con el atraso técnico del siglo pasado. Al carecer de las herramientas metodológicas y tecnológicas más elementales para distinguir la realidad de la ficción digital, la Fiscalía del Estado deja a la población en un estado de absoluta indefensión jurídica, lista para ser procesada en juicios improvisados y basados estrictamente en el voluble criterio político del régimen en turno.
Con esta postura tan beligerante como técnicamente incompetente, queda claro que la institución no busca la impartición de justicia ni la protección de la verdad en el ecosistema digital, sino sembrar un calculado terror que paralice la conversación pública. Al final del día, el mensaje de la Fiscalía es tan nítido como peligroso, convirtiendo el derecho constitucional a la libre expresión y el debate público en un delito de persecución que puede llevar a cualquier potosino a la cárcel por el simple hecho de alzar la voz en sus redes sociales, demostrando que en San Luis Potosí es más fácil inventar culpables que capacitar a un perito.
