El gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, solicitó formalmente la suspensión cautelar de la plataforma TikTok en el país tras la revelación de una investigación periodística del portal Maldita.es. El reportaje documentó más de mil transmisiones en vivo con contenido pedófilo y conductas de abuso sexual infantil en alrededor de 20 mil perfiles a nivel global, donde menores de entre 12 y 14 años eran inducidos a realizar actos a cambio de pagos monetarios mediante el sistema de donaciones de la red social.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interpuso la solicitud ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) respaldándose en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Este precepto faculta a las autoridades a aplicar medidas de urgencia por un periodo de hasta tres meses para salvaguardar los derechos de los usuarios en su territorio, mientras la Fiscalía General del Estado evalúa las denuncias penales correspondientes.
Rego recriminó la falta de cooperación por parte de los directivos de TikTok en España tras sostener una reunión oficial, acusando a la empresa de mantener un modelo de negocio cuyo algoritmo «premia y perpetúa un ecosistema de violencia sexual contra la infancia» para priorizar el beneficio económico sobre la seguridad de los menores. La funcionaria recalcó que los mecanismos de autorregulación han fallado sistemáticamente al no prevenir la monetización de estas conductas.
De concretarse la medida provisional por parte de la AEPD, el cese de operaciones impactaría a cerca de 24 millones de usuarios en España, sentando un precedente inédito en la Unión Europea contra las plataformas digitales. El caso reaviva el debate internacional sobre las obligaciones legales de las grandes tecnológicas en la moderación de contenidos y la protección efectiva de la infancia en entornos virtuales.
