La Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas basificaciones aceleradas y asignación de plazas a personas cercanas a la titular del área, Dolores Eliza García Román, conocida como “Lolita”. Trabajadores del Poder Legislativo acusaron que algunos nombramientos habrían ocurrido en cuestión de semanas, mientras empleados con años de antigüedad continúan sin obtener una base laboral.
De acuerdo con información pública de transparencia, Alejandra Pérez Pérez, identificada por trabajadores como nuera de García Román, aparece adscrita a Oficialía Mayor con el cargo de Analista Administrativo y percepciones mensuales superiores a los 25 mil pesos. En los registros también figura Irma Aracely Gallardo Báez, quien ocupa el puesto de Auxiliar General en el área de Comisiones, con ingresos cercanos a los 30 mil pesos mensuales.
Otro de los casos señalados corresponde a Laura Araceli Villalobos Castillo, enfermera de profesión, quien aparece igualmente como Auxiliar General con un salario cercano a los 29 mil pesos mensuales. Personal inconforme aseguró que la trabajadora habría recibido una base laboral poco tiempo después de incorporarse al Congreso y que incluso se habría habilitado un espacio específico para sus funciones, pese a que anteriormente no existía una plaza formal de enfermería dentro de la estructura legislativa.
Trabajadores consultados bajo condición de anonimato afirmaron que la presunta creación de plazas y regularización exprés de personal cercano a la Oficial Mayor ha generado inconformidad interna, especialmente entre empleados con varios años de servicio que aún esperan procesos de basificación. También sostuvieron que Villalobos Castillo no desarrollaría de manera constante labores médicas en el recinto legislativo, sino actividades relacionadas directamente con encargos personales y administrativos.
Las acusaciones resurgen en un contexto donde Dolores García Román ya había sido señalada previamente por presuntos vínculos familiares dentro de distintas dependencias públicas, luego de versiones de trabajadores que ubican a familiares suyos en áreas del Ayuntamiento de Soledad y en oficinas del Gobierno del Estado.
La situación ha provocado nuevas críticas al manejo administrativo del Congreso local y reavivó el debate sobre la transparencia en los procesos de contratación y asignación de plazas dentro del Poder Legislativo potosino.
