Bajo la conducción de su presidenta, Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un proyecto para vigilar y señalar a periodistas, analistas y conductores que utilicen recursos como la ironía o el sarcasmo al referirse a precandidatos y candidatos.
La propuesta sitúa al árbitro electoral en el terreno de la censura previa, al pretender calificar el tono, la burla y el sentido del humor político como faltas o actos de violencia hacia la clase gobernante.
El plan de Taddei contempla que el organismo fiscalice los espacios de opinión, noticieros y coberturas para registrar cualquier frase que, a su juicio, minimice la capacidad de un político, cuestione su trayectoria o utilice un doble sentido para evidenciar sus errores.
En la práctica, señalar las limitaciones de un perfil, hacer un comentario sarcástico o restar peso a sus promesas de campaña quedará bajo la lupa de la autoridad electoral, catalogado como un mecanismo de descalificación que amerita registro y posible señalamiento.
Lejos de limitarse a vigilar el cumplimiento de las reglas de competencia entre partidos, la presidencia del INE apunta directamente contra el trabajo cotidiano de los medios de comunicación y sus colaboradores. Al intentar regular cómo se opina, cómo se cuestiona y qué palabras se pueden emplear frente al micrófono, la medida abre un precedente autoritario donde la crítica mordaz y el análisis incisivo corren el riesgo de ser perseguidos bajo el pretexto del monitoreo electoral.
