Una investigación periodística de Reporte Índigo volvió a colocar a Gerardo Sánchez Zumaya en el centro de la atención pública al vincularlo con una presunta red de lavado de dinero, defraudación fiscal y comercialización ilícita de hidrocarburos. El empresario y aspirante registrado ante el Partido del Trabajo (PT) para coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí enfrenta nuevamente cuestionamientos por sus actividades empresariales.
De acuerdo con el reportaje publicado el 6 de julio, al menos 15 personas físicas relacionadas con Sánchez Zumaya emitieron presuntamente facturas por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024, aunque, según la investigación, no contaban con infraestructura, patrimonio ni capacidad económica para respaldar esas operaciones.
Sánchez Zumaya respondió a los señalamientos mediante un video difundido en redes sociales. En el mensaje calificó la publicación como «la misma cantaleta de hace tres años» y afirmó que los ataques reflejan «inseguridad y miedo». Sin embargo, evitó responder de manera específica a las empresas, montos, operaciones o personas mencionadas en la investigación. El video concluye con saludos dirigidos a habitantes de la Huasteca Potosina, la zona Media y el Altiplano.
El empresario ya había enfrentado investigaciones periodísticas similares. En noviembre de 2024, después de que otro reportaje lo relacionó con una presunta red de facturación vinculada con contratos de Pemex, difundió otro video en el que defendió la legalidad de sus actividades empresariales y acusó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar los señalamientos.
En esa ocasión, Sánchez Zumaya aseguró que las autoridades fiscales revisaron sus contratos con Pemex. También mencionó la licitación 6488-128-01, desarrollada junto con Offshore River y Petrojeten entre 2021 y 2023, y sostuvo que las auditorías de Hacienda no detectaron irregularidades porque, según dijo, «pagamos impuestos». Además, afirmó que las empresas con las que participa cuentan con infraestructura y operaciones reales.
El empresario también lanzó acusaciones directas contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Lo señaló por presuntos desvíos de recursos, afirmó que utilizó instituciones del Estado para hostigarlo y aseguró que elementos de la Fiscalía sobrevolaron su domicilio. Finalmente, calificó al mandatario como «uno de los peores gobernadores del país».
La investigación sobre el presunto desfalco a Pensiones del Estado también involucró el nombre de Sánchez Zumaya. En febrero de 2024 trascendió que fue accionista de Trapeza Market Argentarii S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa que la Fiscalía General del Estado identificó como parte del esquema utilizado para triangular al menos 200 millones de pesos presuntamente desviados de la Dirección General de Pensiones entre 2020 y 2023.
Según el Registro Público de Comercio, Sánchez Zumaya adquirió el 25 por ciento de las acciones de esa sociedad el 31 de marzo de 2023 y las vendió el 15 de junio del mismo año. Ese mismo día también dejó la empresa Manuel N., hermano del exdirector de Pensiones, Oziel Yudiche Lara, quien posteriormente fue detenido por su presunta participación en el caso.
Al responder a ese episodio, Sánchez Zumaya negó haber realizado operaciones dentro de la SOFOM y sostuvo que compró las acciones después de los hechos investigados, por lo que rechazó cualquier responsabilidad. Sin embargo, no explicó por qué decidió convertirse en accionista de una empresa que la Fiscalía ya señalaba dentro de la investigación por el presunto desvío de recursos.
Los nuevos señalamientos surgieron mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura del PT a la gubernatura de San Luis Potosí. Hasta ahora, el empresario ha respondido a las investigaciones periodísticas mediante videos publicados en redes sociales, donde atribuye las acusaciones a intereses políticos o a campañas en su contra, sin responder de manera puntual a los señalamientos contenidos en los reportajes.
