La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la denominada Ley Serrano será revisada y afirmó que ninguna legislación puede vulnerar la libertad de expresión ni el derecho a la información, al referirse a la reforma aprobada en San Luis Potosí para regular el mal uso de la inteligencia artificial.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció que aún no conoce a detalle el contenido de la legislación, pero adelantó que analizará sus alcances. Al mismo tiempo, sostuvo que la regulación de la inteligencia artificial requiere una discusión amplia que involucre a todo el país.
La mandataria explicó que México necesita construir un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial, especialmente ante el incremento de contenidos falsos generados con esta tecnología. Sin embargo, subrayó que cualquier iniciativa debe respetar los derechos fundamentales relacionados con la información y la libre expresión de las ideas.
«Nada puede ir en contra de la libertad de expresión«, afirmó la presidenta, al insistir en que el debate sobre la inteligencia artificial debe desarrollarse sin afectar las garantías constitucionales. Añadió que la regulación de esta tecnología representa un desafío nacional que debe resolverse mediante el diálogo.
Sheinbaum recordó que en días recientes propuso abrir un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, al considerar que el uso de esta herramienta para crear noticias falsas representa uno de los principales retos que enfrenta el país.
Mientras tanto, la Ley Serrano continúa generando inconformidad en San Luis Potosí, donde ciudadanos, periodistas y diversos colectivos han realizado protestas para exigir su derogación. Los manifestantes sostienen que la reforma al Código Penal podría representar un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión.
Esta semana, un grupo de inconformes ingresó al Congreso del Estado para exigir la eliminación de la reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano, mientras que previamente se realizó la Marcha por la Dignidad de los Potosinos y la Libertad de Expresión, en la que los participantes rechazaron las sanciones previstas por la legislación, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por determinadas conductas relacionadas con el uso de inteligencia artificial.
