La agente de la Policía de Investigación Rosalinda Ávalos denunció que pasó de víctima a demandada, luego de enfrentar una acción legal por daño moral promovida por un aspirante a juez al que señaló públicamente por presuntos vínculos con el asesinato de sus dos hijos. La mujer también acusó que autoridades estatales y el Congreso de San Luis Potosí se deslindaron de su situación y le han negado acceso a documentos clave para su defensa.

El conflicto se originó en febrero de 2025, durante el proceso de insaculación de candidaturas para la elección judicial en el Congreso local, cuando Ávalos intervino públicamente para advertir que Sabas Santiago Ipiña, expolicía y abogado aspirante a juez, presuntamente estaría relacionado con el homicidio de sus hijos ocurrido en 2020, además de señalar posibles nexos con el crimen organizado. Tras el señalamiento, el aspirante quedó fuera del proceso de selección.

Posteriormente, el abogado inició procedimientos legales en las vías penal y civil contra Rosalinda Ávalos. El pasado 23 de abril, la agente fue notificada de una demanda por daño moral, en la que, según explicó, el demandante reclama una indemnización equivalente a los ingresos que habría percibido durante nueve años como juez. Actualmente, la mujer se encuentra en la etapa de presentación de pruebas, cuyo plazo concluye esta semana.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta para integrar su defensa es la falta de acceso a la resolución emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, documento que considera fundamental para acreditar las razones por las que el aspirante no continuó en el proceso judicial. Ávalos afirmó que ha buscado apoyo dentro del Congreso, pero aseguró que ninguna autoridad legislativa le ha brindado respaldo efectivo.

La madre de las víctimas relató que acudió en diversas ocasiones al recinto legislativo y buscó a integrantes de la Junta de Coordinación Política, responsables de la aprobación del Comité de Evaluación. Sin embargo, señaló que ha recibido evasivas y canalizaciones entre oficinas sin obtener respuestas concretas. Incluso, indicó que el pasado 26 de mayo tenía prevista una reunión con el diputado morenista José Roberto García Castillo, pero finalmente fue atendida únicamente por personal de apoyo.

Hasta ahora, el Congreso del Estado únicamente le entregó un oficio donde argumenta que no puede proporcionarle la resolución solicitada debido a la protección de datos personales solicitada por el propio aspirante durante su registro en la convocatoria. Según esa respuesta, la documentación solo podría entregarse mediante una orden judicial.

Rosalinda Ávalos sostuvo que esta negativa incrementa su estado de indefensión y aseguró que su denuncia pública ocurrió ante una presunta omisión del Comité de Evaluación, integrado por Juan Manuel Arias González, Esther Maldonado Castillo y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera. De acuerdo con la agente, el órgano encargado de revisar la idoneidad de los perfiles no realizó una valoración exhaustiva de los candidatos.

La agente afirmó que decidió exponer públicamente el caso dentro del Congreso porque consideró que el aspirante no cumplía con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo judicial. También defendió que su intervención se realizó en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y como una medida para advertir sobre antecedentes que, desde su perspectiva, debieron ser detectados durante la evaluación oficial.

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Rosalinda Ávalos, madre de dos víctimas de homicidio en San Luis Potosí, enfrenta una demanda por daño moral tras denunciar públicamente a un aspirante judicial señalado por presuntos vínculos criminales.

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Madre que denunció a aspirante judicial enfrenta demanda; acusa abandono institucional en SLP

La agente de la Policía de Investigación Rosalinda Ávalos denunció que las autoridades la convirtieron de víctima en demandada, luego de que un aspirante a juez al que señaló públicamente por presuntos vínculos con el asesinato de sus dos hijos promoviera una acción legal por daño moral en su contra. Además, acusó que autoridades estatales y el Congreso de San Luis Potosí la dejaron sin respaldo jurídico y le negaron acceso a documentos esenciales para defenderse.

El conflicto comenzó en febrero de 2025, durante el proceso de insaculación de candidaturas para la elección judicial en el Congreso local. En esa sesión, Ávalos advirtió públicamente que Sabas Santiago Ipiña, expolicía y abogado aspirante a juez, presuntamente estaría relacionado con el homicidio de sus hijos ocurrido en 2020, además de señalar posibles vínculos con el crimen organizado. Después de esa intervención, el aspirante quedó fuera del proceso de selección.

Tras quedar excluido, el abogado presentó denuncias en las vías penal y civil contra Rosalinda Ávalos. El pasado 23 de abril, autoridades notificaron a la agente sobre una demanda por daño moral, en la que el demandante exige una indemnización equivalente a los ingresos que habría recibido durante nueve años como juez. Actualmente, Ávalos integra pruebas para su defensa y deberá concluir ese proceso esta semana.

La agente enfrenta dificultades para reunir documentación clave, debido a que el Congreso estatal no le ha entregado la resolución emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Rosalinda Ávalos considera que ese documento resulta fundamental para demostrar por qué el aspirante no avanzó en el proceso judicial.

Durante los últimos días, la madre de las víctimas acudió al Congreso y buscó apoyo entre integrantes de la Junta de Coordinación Política, órgano responsable de aprobar al Comité de Evaluación. Sin embargo, aseguró que los legisladores evitaron asumir responsabilidad y la enviaron de una oficina a otra sin resolver su petición. Incluso, relató que el pasado 26 de mayo acudió a una reunión programada con el diputado morenista José Roberto García Castillo, pero finalmente solo la recibió un secretario particular.

Hasta ahora, el Congreso únicamente le entregó un oficio donde argumenta que no puede proporcionarle la resolución solicitada porque el aspirante pidió protección de sus datos personales al registrarse en la convocatoria. En ese documento, el Poder Legislativo sostiene que solo podrá entregar la información mediante una orden judicial.

Rosalinda Ávalos afirmó que esta negativa agrava su indefensión jurídica y sostuvo que el Comité de Evaluación incumplió con su obligación de revisar de manera exhaustiva la idoneidad de los candidatos. El órgano estuvo integrado por Juan Manuel Arias González, Esther Maldonado Castillo y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera.

La agente defendió que actuó en ejercicio de su libertad de expresión al exhibir públicamente el caso dentro del Congreso. También aseguró que decidió intervenir porque consideró que el aspirante no cumplía con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo judicial y porque el Comité no detectó antecedentes que, desde su perspectiva, debieron impedir su participación.