Colectivos y Gobierno de San Luis Potosí presentan la iniciativa «Ley Santi 2.0» para seguridad vial

La Coalición de Movilidad Segura presentó formalmente ante el Congreso del Estado la propuesta «Ley Santi 2.0», una versión renovada de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para San Luis Potosí. Tras más de un año de parálisis legislativa y amparos, la nueva propuesta llega respaldada por la firma del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dependencias estatales, universidades y diputados, bajo la presión de una sentencia del Tribunal Electoral que obliga a dictaminar la materia en un plazo máximo de tres meses.

A diferencia del proyecto ciudadano original de 2024, esta iniciativa técnica integra las facultades operativas y presupuestales de las secretarías estatales para asegurar su aplicación real e inmediata. Los activistas impulsores destacaron que el documento define con claridad las obligaciones de cada área de gobierno, manteniendo como meta prioritaria reducir las más de 600 muertes y dos mil lesionados que provocan anualmente los siniestros viales en el territorio potosino.

Entre las innovaciones de la reforma destaca la creación de un observatorio ciudadano de movilidad que operará junto a los comités estatales, garantizando la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas urbanas. Asimismo, el proyecto adopta un enfoque integral que responsabiliza al diseño urbano, la gestión de velocidades y la infraestructura segura por encima de la conducta individual, sumando protocolos coordinados con la Cruz Roja y Protección Civil para la atención de víctimas.

Para unificar los criterios de tránsito y ordenamiento territorial, la ley contempla un sistema estatal de seguridad vial que coordinará a municipios y dependencias, resolviendo la actual dispersión de competencias de transporte y seguridad. Pese al consenso institucional, la propuesta todavía deberá superar las consultas obligatorias para comunidades indígenas y personas con discapacidad; sobre este reto, los colectivos urgieron al Poder Legislativo a utilizar esquemas municipales eficientes y evitar pretextos de costos financieros elevados para retrasar su aprobación.