En un ríspido desencuentro dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el periodista Juan Pablo Moreno y su abogada Natalia Castillo denunciaron públicamente el ocultamiento de la carpeta de investigación número 09605/26, tras haber sido citados formalmente bajo el apercibimiento del uso de la fuerza pública.
Los hechos ocurrieron cuando el comunicador y su abogada acudieron puntualmente a la cita programada en las oficinas ministeriales. Al solicitar el acceso físico al expediente para conocer los delitos imputados y la identidad de la parte parte acusadora, el Ministerio Público encargado notificó que la diligencia programada había quedado «sin efecto» de manera unilateral, negándose a exhibir la documentación bajo el argumento de que el procedimiento se reprogramaría conforme a la agenda de la institución.
Vulneración al derecho de defensa
La defensa jurídica del comunicador calificó la postura institucional como una violación flagrante al debido proceso y a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política mexicana. De acuerdo con la litigante, la Fiscalía incurre en una falta grave al pretender mantener bajo reserva una denuncia penal activa contra un ciudadano que se ha presentado de manera voluntaria a comparecer y ejercer su derecho de defensa.
«No se puede dejar en estado de indefensión a un denunciado que acude al llamado de la propia autoridad. Ocultar una carpeta que ellos mismos generaron es una arbitrariedad y una instrumentalización de los recursos del Estado«, señaló la litigante durante la confrontación con el funcionario, quien evitó responder sobre el origen y el contenido de los cargos.
Señalamientos directos hacia el Poder Ejecutivo
Por su parte, el periodista Juan Pablo Moreno externó el clima de temor e incertidumbre que padece el gremio local ante lo que calificó como una estrategia de amedrentamiento y de «fabricación de delitos». Moreno vinculó de manera directa este requerimiento judicial con previas declaraciones públicas del Gobernador del Estado, afirmando que el mandatario estatal ya había emitido amenazas previas que involucraban también el ejercicio profesional de su hijo, quien se desempeña en el mismo sector de los medios de comunicación.
Durante la manifestación pacífica efectuada dentro de las oficinas del Ministerio Público, tanto el comunicador como su abogada insistieron en que el caso podría estar promovido por figuras de alto perfil político en la entidad, mencionando entre los posibles interesados a la senadora Ruth Miriam González, al diputado Héctor Serrano Cortés y a la propia fiscal general, Manuela García. Esta última había declarado ante medios nacionales que no existían indagatorias vigentes contra el periodista, lo cual se contradice con el citatorio oficial entregado.
Hacia el cierre del incidente, los afectados confirmaron que permanecerían en el lugar de forma indefinida hasta recibir una clarificación jurídica transparente y que convocarían el respaldo de organizaciones de prensa nacionales e internacionales para vigilar el actuar de los servidores públicos de la vicefiscalía potosina.
