Colectivos ciudadanos de movilidad acudieron al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí para denunciar la falta de avance legislativo de la llamada “Ley Santi”, una iniciativa de movilidad y seguridad vial que permanece sin dictaminar desde 2024 en el Congreso local.
El caso quedó registrado en el expediente TESLP/JDC/09/2026, promovido por Brenda Lois Muñoz Flores, Zeferina Catalina Torres Cuevas, Claudio Iván Alderete López, Marco Antonio Vargas Solís y Víctor Cristóbal Hernández de Torres, con representación legal de Guillermo Luévano Bustamante. Los promoventes presentaron un juicio para la protección de derechos político-electorales al considerar que el Poder Legislativo incurrió en una omisión al mantener congelada una propuesta impulsada desde la ciudadanía.
Los colectivos sostienen que la falta de dictaminación frenó el avance de un modelo integral de movilidad y seguridad vial para San Luis Potosí, además de impedir la discusión formal de medidas orientadas a reducir siniestros viales y fortalecer la protección de peatones, ciclistas y usuarios del transporte.
La iniciativa, presentada en marzo de 2024, propone crear una nueva Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y lleva el nombre de “Ley Santi” en referencia al activista Roberto Josué Rodríguez Santiago. El proyecto busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada a nivel nacional en 2022.
Aunque el Congreso de San Luis Potosí aprobó algunas reformas relacionadas con movilidad durante 2024, los colectivos afirmaron que los cambios resultaron insuficientes y no sustituyen una legislación integral en la materia. Por ello, consideran que la iniciativa ciudadana continúa pendiente y sin atención legislativa real.
Los promoventes señalaron que la omisión del Congreso mantiene detenido un cambio estructural en políticas públicas de movilidad, razón por la cual solicitaron al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí intervenir y escuchar directamente a las personas impulsoras de la propuesta.
Con la presentación del recurso, el conflicto pasó del ámbito legislativo al jurisdiccional, donde los colectivos buscan que el Tribunal determine si existió una afectación a sus derechos político-electorales derivados de la falta de respuesta institucional a una iniciativa construida desde la participación ciudadana.
Las organizaciones y activistas involucrados insistieron en que el Congreso debe resolver de manera inmediata el futuro de la “Ley Santi”, al considerar que la entidad mantiene pendientes importantes en seguridad vial y movilidad urbana.
