El exdiputado local de San Luis Potosí, René Oyarvide Ibarra, vuelve a ser protagonista de un escándalo de abuso de poder y uso discrecional de recursos públicos. La organización Ciudadanos Observando hizo pública la información sobre cómo, tras concluir su gestión legislativa, lejos de alejarse de la política, fue colocado en un nuevo cargo con un generoso salario, sumando un caso más de influyentismo y despilfarro en la clase política del estado.
En octubre de 2024, Oyarvide Ibarra fue nombrado secretario del Concejo Municipal del recién creado municipio de Villa de Pozos, donde percibía un sueldo de 40 mil 200 pesos mensuales. Sin embargo, este no fue su único ingreso. De manera simultánea y en contubernio con el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, también estuvo cobrando un sueldo adicional como «auxiliar general administrativo» en el Congreso del Estado, donde recibía otros 50 mil 150 pesos al mes.
Esto significa que en tan solo tres meses, de octubre a diciembre de 2024, Oyarvide acumuló 270 mil 600 pesos, sin contar su aguinaldo proporcional. Una cifra insultante para la ciudadanía que exige transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos.
El contrato que avaló su pago en el Congreso, identificado con la clave LXIV-011-2024 y publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia, establece claramente que su vigencia era «improrrogable» del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2024. Además, en la cláusula sexta se estipula que Oyarvide no podía divulgar ningún tipo de información sobre sus actividades en el Congreso sin autorización expresa del Poder Legislativo, lo que deja en evidencia la intención de encubrir su contratación y las posibles irregularidades de su desempeño.
El historial político de Oyarvide Ibarra está marcado por el oportunismo. Antes de ser diputado local por la vía plurinominal, se desempeñó como regidor en Ciudad Valles. Al finalizar su encargo legislativo, intentó dar el salto al Senado bajo la bandera del Partido del Trabajo, pero fracasó en su intento. No obstante, como un claro pago de favores políticos, fue impuesto como secretario en un municipio que ni siquiera conoce y, además, se le otorgó otro salario en el Congreso estatal.
Este caso es un reflejo del descarado reparto de dinero público entre la clase política. Mientras los ciudadanos enfrentan problemas graves de seguridad, salud y economía, los servidores públicos como René Oyarvide se enriquecen mediante una red de complicidades que sigue operando con total impunidad. La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos más se benefician de estas prácticas a costa del erario y sin ningún castigo?
