A unas horas de las movilizaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí amaneció protegida con estructuras metálicas en su perímetro. El edificio fue blindado en previsión de las protestas feministas que, año con año, colocan a la institución en el centro de los señalamientos públicos.
El resguardo ocurre mientras persiste el malestar de colectivos y familiares de víctimas, quienes acusan a la autoridad de mantener en la impunidad diversos feminicidios. Las denuncias apuntan a investigaciones inconclusas, expedientes que no avanzan y una respuesta institucional que, aseguran, ha sido incapaz de garantizar justicia para las mujeres asesinadas.
En ese contexto, la Fiscalía se ha convertido en uno de los principales blancos de las manifestaciones. Activistas sostienen que la falta de resultados en casos de violencia feminicida refleja un sistema de procuración de justicia que sigue fallando a las víctimas.
La colocación de las barreras, lejos de disminuir la tensión, ocurre en medio de un clima de indignación creciente. Para los colectivos, la exigencia es clara: avances reales en las investigaciones y el fin de la impunidad que rodea a los crímenes contra mujeres en el estado.
