El Gobierno de San Luis Potosí podría asumir el costo de las consultas públicas que debe realizar el Congreso del Estado durante 2026, luego de que el Poder Legislativo no contemplara recursos para estos ejercicios dentro de su presupuesto anual.
La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, señaló que existe disposición para respaldar financieramente estas actividades, aunque puntualizó que hasta el momento no se ha recibido una solicitud formal por parte del Legislativo para ampliar su presupuesto.
Las consultas en cuestión están dirigidas a sectores específicos como comunidades indígenas y personas con discapacidad, en cumplimiento de disposiciones legales que obligan a considerar su participación en procesos legislativos. Actualmente, el Congreso se encuentra en etapa de análisis de costos para llevar a cabo dichos ejercicios.
García Vidal explicó que la falta de acercamiento podría deberse a que el año apenas inicia y la programación presupuestal se distribuye a lo largo de los 12 meses, por lo que aún hay margen para gestionar los recursos necesarios.
Cabe recordar que en 2025 el Congreso estatal destinó entre 8 y 9 millones de pesos para la realización de consultas públicas, lo que da una referencia del impacto económico que implican estos procesos.
La eventual intervención del Ejecutivo estatal permitiría solventar la omisión presupuestaria del Legislativo, en un contexto donde estas consultas son consideradas obligatorias para garantizar la inclusión y legalidad en la elaboración de diversas leyes.
