El Congreso del Estado enfrenta un compromiso financiero de 19 millones de pesos para liquidar un total de 11 expedientes de asunto laboral, a los que se suman más de 15 millones de pesos necesarios para desahogar dos consultas ciudadanas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde, aclaró que estas obligaciones no derivan de decisiones de la presente legislatura, sino de pasivos y juicios que se fueron arrastrando de administraciones anteriores.
El legislador detalló que la deuda laboral engloba 11 asuntos activos, entre los cuales destacan laudos por demandas de despido injustificado promovidas en periodos pasados, así como finiquitos y liquidaciones por jubilaciones y pensiones de personal en proceso de retiro.
“Son laudos que recibimos en esta legislatura, no porque sean demandas generadas en este periodo. Se han venido acumulando y trasladando legislatura tras legislatura. La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, puntualizó Serrano Cortés.
Asimismo, el Poder Legislativo debe solventar dos consultas públicas pendientes para dar cumplimiento a mandatos de la SCJN:
- Consulta en materia de Discapacidad, estimada en un costo de 1.8 millones de pesos.
- Consulta Indígena, cuyo costo se eleva entre 13 y 14 millones de pesos debido a la complejidad de los procedimientos y el despliegue operativo en comunidades.
Serrano Cortés recordó que en una legislatura previa se erogaron alrededor de 11 millones de pesos en un ejercicio similar que no satisfizo el requerimiento legal, obligando a reponer todo el proceso desde cero.
Dado que ni los 19 millones de los laudos ni el presupuesto de las consultas forman parte del gasto operativo ordinario del Congreso, el diputado reveló que llegó una notificación judicial que vincula a la Secretaría de Finanzas estatal, ordenando proveer los recursos extraordinarios necesarios para cumplir con los fallos sin incurrir en desacato.
