La propuesta para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, la cual busca obligar a los 59 ayuntamientos del estado a destinar una partida presupuestal fija al Heroico Cuerpo de Bomberos, podría enfrentar trabas legales por presunta inconstitucionalidad.
Así lo señaló el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, quien advirtió que fijar esta obligación desde el Congreso del Estado podría vulnerar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la autonomía financiera y administrativa de las tesorerías municipales, derivando en una controversia por invasión de facultades: “No se trata de negar el apoyo, sino de buscar las formas para evitar que sea una norma que quede en letra muerta”, precisó el legislador.
Guajardo Barrera subrayó que actualmente los municipios ya cuentan con la facultad legal de apoyar presupuestalmente a las corporaciones de rescate; sin embargo, el problema de fondo ha sido la falta de voluntad política, ya que hoy en día solo la capital, Soledad de Graciano Sánchez y el Gobierno del Estado aportan recursos de manera voluntaria.
Cuestionado sobre si se podría aplicar un esquema similar al ajuste salarial de los policías, el congresista aclaró que se trata de ámbitos distintos, pues mientras las corporaciones policiacas forman parte de la nómina y estructura municipal, los bomberos operan como asociaciones civiles o patronatos externos.
La iniciativa impulsada por el diputado Emilio Rosas Montiel, del partido Morena, plantea que los municipios realicen visitas físicas a las comandancias para evaluar las necesidades operativas e incluyan en sus presupuestos apoyos a las asociaciones civiles encargadas de los bomberos, sujetos a sus capacidades financieras.
Sin embargo, representantes del Heroico Cuerpo de Bomberos han señalado que la norma debe establecer un porcentaje específico del presupuesto municipal para garantizar su operatividad. Asimismo, exhortaron a las y los legisladores a mostrar voluntad política y trabajar en comisiones para definir un esquema viable y vinculante que saque a la corporación de las condiciones precarias en las que opera.
