Las nuevas disposiciones en materia de seguridad pública podrían representar una fuerte carga económica para el Gobierno de San Luis Potosí y los ayuntamientos, debido al incremento obligatorio de personal policial, el ajuste salarial para agentes y la posible aplicación de nuevos cobros por certificaciones federales.
Entre las medidas que impactarían directamente a las corporaciones destaca la propuesta del Sistema Nacional de Seguridad Pública para cobrar los exámenes de control de confianza mediante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. El planteamiento contempla un costo de seis mil 700 pesos por evaluación aplicada a cada elemento policiaco.
De concretarse esta medida, las autoridades estatales y municipales tendrían que destinar alrededor de 38.3 millones de pesos únicamente para cubrir las evaluaciones obligatorias de sus agentes. Aunque la propuesta aún se encuentra en revisión, el tema ya genera preocupación por el impacto presupuestal que tendría en las corporaciones locales.
A ello se suma la reciente oficialización de acuerdos aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, publicados en el Periódico Oficial del Estado, que obligan a los municipios a destinar al menos el 20 por ciento de los recursos federales a tareas de seguridad pública.
Las disposiciones también establecen que antes de 2029 deberá incrementarse el número de policías municipales y estatales. El acuerdo contempla un aumento del 25 por ciento en elementos de corporaciones estatales, municipales y de investigación, además de elevar en un 30 por ciento la plantilla de ministerios públicos en las fiscalías estatales.
Otro de los factores que incrementará el gasto operativo de los municipios es la nueva normativa que fija un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para policías municipales. Las alcaldías que actualmente pagan menos deberán realizar ajustes presupuestales para cumplir con el nuevo tabulador.
Con estas medidas, los gobiernos municipales y el estado enfrentarán la necesidad de ampliar recursos destinados a seguridad pública en los próximos años, en un contexto de mayores exigencias operativas y administrativas para las corporaciones policiales.
