Un posible uso indebido de recursos públicos quedó al descubierto en el municipio de Villa de Reyes, donde las instalaciones del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron identificadas como centro de resguardo de apoyos alimentarios pertenecientes al Gobierno del Estado.
Evidencias fotográficas y audiovisuales difundidas por los habitantes de la zona confirman que el inmueble partidista, localizado en el libramiento Villa de Reyes-San Felipe, albergaba una gran cantidad de cajas de cartón correspondientes al programa institucional «Seguridad Alimentaria». Dicha estrategia asistencial está bajo la estricta tutela de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
El material videográfico captado por la propia ciudadanía muestra el momento exacto en que un grupo de personas vinculadas al partido político abarrotaban la caja de un vehículo particular de color blanco con dichos paquetes de subsistencia, para posteriormente abandonar el sitio a alta velocidad.
Estas acciones representan una aparente contradicción a las normativas vigentes, ya que la Constitución Federal, en el noveno párrafo de su artículo 134, determina de forma estricta que todo funcionario público tiene el deber permanente de gestionar los fondos presupuestales de manera neutral, impidiendo que estos afecten la equidad en las contiendas entre los diferentes organismos políticos.
De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), las consecuencias legales para los servidores públicos involucrados en el condicionamiento o desvío de esquemas gubernamentales son sumamente severas. El marco punitivo vigente contempla sanciones económicas que van de los 200 a los 400 días multa, calculados con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de penas privativas de la libertad de 2 a 9 años.
Sin embargo, debido a que este caso involucra específicamente apoyos de naturaleza social, la legislación contempla una agravante que incrementa la pena de cárcel hasta en un tercio, lo que podría elevar la condena hasta los 12 años de prisión. A la par de las consecuencias penales, el marco legal estipula sanciones administrativas que incluyen la destitución inmediata de los funcionarios implicados y una inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el sector público por un periodo de entre 2 y 9 años.
